Molestos con las autoridades impartidoras de justicia en la entidad, taxistas de Campeche, Champotón, Calkiní, Escárcega y Carmen, arribaron a la capital para denunciar supuesta opacidad y encubrimiento al ex director del Instituto Estatal del Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, quien fue señalado desde el 2018 como cabecilla de la venta ilegal de placas de transporte público en modalidades de taxi y moto taxi desde 50 hasta 600 mil pesos por concesión.

Encabezados por el abogado Manuel Iris Balan, la protesta es porque no han dado seguimiento a las denuncias presentadas desde el 2018, cuando incluso en el Congreso del Estado de Campeche instruyeron la creación de una comisión especial que atendiera esta anomalía y que encabeza el diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Flores Pacheco.

Según el abogado que está llevando el caso a favor de los transportistas, el juez encargado de llevar el proceso de investigación, así como la Fiscalía estatal y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, han caído en omisión, sin ejecutar el procedimiento legal y jurídico debido, pues con las pruebas ya integradas en la carpeta de investigación no ha habido audiencia para citar al señalado directo y a quienes participaron en la venta de dichas concesiones.

“Por el tiempo de omisión, la constitución nos da la permisión de comparecer ante el juez de control ante las irregularidades que están cometiendo las autoridades estatales, así pedimos el auxilio de la autoridad jurisdiccional para pedir un informe completo del porqué no han aplicado los procedimientos adecuados, son las autoridades locales los que se han negado para llamar al ex director del IET, Candelario Salomón Cruz”, dijo.

Además agregó que las acusaciones en contra del ex funcionario que sólo en sus redes sociales ha estado presente aparentemente desde la Ciudad de México, son abuso de autoridad, delincuencia organizada y lavado de dinero, principalmente.

Una de las peticiones que ha hecho como abogado de los transportistas es que las autoridades llamen a todos sus colaboradores durante su paso por el IET, pues el personal de confianza por el que estaba rodeado en el organismo de transporte fue dado de baja a su salida, con esto buscan indagar y que proporcionen información más directa ya que uno de los puntos a investigar fue la creación de agrupaciones al servicio del acusado.

Tan solo éste lleva una denuncia colectiva con más de 50 afectados que hicieron un pago por 300 mil pesos para la adquisición directa de placas de taxi de municipios como Campeche, Calkiní, mientras que en Champotón hay antecedentes de 26 afectados con pagos por 600 mil pesos, en Escárcega 150 afectados con pagos de 50 mil pesos, entre otros.

Edición: Emilio Gómez


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