Mototaxistas cumplen su promesa

La Jornada Maya

Campeche
26 de mayo, 2015

Con la consigna de que las autoridades violan su derecho al trabajo y a la libre circulación, integrantes de la Asociación de Mototaxistas del Camino Real trasladaron su plantón del palacio municipal de Calkiní al Palacio Municipal de Campeche donde se instalaron junto con sus mantas de protesta y sus unidades motrices en demanda por la entrega de concesiones para la prestación del servicio.

Ya cumplieron con su amenaza y después de haberse atado en una de las columnas del Palacio Municipal de Calkiní y de ayunar por unas cuantas horas, integrantes de la Asociación de Mototaxistas del Camino Real se trasladaron a la capital del Estado para iniciar un plantón indefinido en Palacio de Gobierno, desde donde exigen el otorgamiento de concesiones o permisos para la prestación del servicio.

Con el acompañamiento y asesoría del Consejo de Organizaciones Campesinas, Pesqueras y Ambientalistas de Campeche S.C., que encabeza el candidato a diputado federal por el Partido Humanista, José Raúl Quej González, los mototaxistas arribaron al Palacio de Gobierno en sus unidades, las cuales aparcaron frente al edificio y de inmediato colocaron sus mantas de protesta.

Volantearon en los alrededores del edificio gubernamental para justificar las razones de la protesta. “Exigimos un alto a la represión y al hostigamiento contra los ciudadanos emprendedores de Calkiní y la intervención del gobernador del Estado pues nos han despojado de nuestros autos particulares sin la orden de un juez, se violenta nuestro derecho a la libre circulación, el derecho de audiencia, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada, así como nuestros derechos humanos. Por esto estamos pidiendo la solidaridad del pueblo de Campeche, para que detengamos estos actos de corrupción que está llevando a cabo la autoridad en este [i]año de Hidalgo[/i] y para que se solidaricen también con nuestra causa.

Acusaron al director del Instituto Estatal del Transporte, José Antonio Rodríguez, de supuesta corrupción y tráfico de influencias así como conflicto de intereses, ya que protege a los taxis piratas que prestan el servicio de Calkiní a Halachó y Mérida, pese a que esa ruta no está autorizada, pero se niega a permitir la circulación de los mototaxis para no afectar a los tricicleteros que, "por años", han prestado el servicio de transporte de pasajeros en esas comunidades.

Cesar Sánchez, miembro de esta agrupación, aseguró que urge la liberación de dos motos que fueron retenidas arbitrariamente por la Policía Estatal Preventiva después de que un compañero fuera acusado de estar trabajando ilegalmente cuando fue por sus hijos a la escuela. Según el grupo organizado, urge un permiso provisional para poder trabajar y brindar el servicio de transporte a la comunidad, ya que su crecimiento demográfico así lo amerita.
Comentó que son más de 70 trabajadores afectados (40 en Dzibalché y 31 en Calkiní) que no pueden obtener recursos económicos pues mientras se realizan los trámites para que se autoricen las concesiones no pueden dar un golpe y corren el riesgo de perder sus unidades si salen a la calle