Mayas recurren a CIDH acusando discriminación

Paul Antoine Matos
Foto: Robin Canul
La Jornada Maya

Miércoles 7 de octubre, 2016

Las empresas de energías alternativas que se instalarán en Yucatán, como Solar Vega y Elecnor, tienen un modelo que se basa en el racismo y la discriminación hacia los pueblos mayas que residen en las comunidades donde plantean establecerse, manifestó Rommel González, miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, ante ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Su expresión más enfática denota el desconocimiento de nuestras formas y saberes, además de insistir en que por ser indígenas, no occidentales, no merecemos una contraprestación justa. Nos consideran ignorantes”, declaró González durante la audiencia pública, celebrada en Panamá.

Expresó que el derecho a la libre consulta ha sido violentado, porque se impone una visión colonialista y neocolonialista a través de proyectos extractivistas, en la que se excluyen a los pueblos de los beneficios basados en los falsos subsidios y la generación de empleos temporales, mientras se reubican las comunidades ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con las tierras.

Aclaró que no se oponen a las energías renovables, pero éstas deben basarse en las comunidades, con el interés de conocer su visión, tradiciones y también respetar el derecho a decidir a través del voto.

En una sesión de una hora, que se transmitió por Internet, José Manuel Poot Chan, de Hopelchén, Campeche, lamentó que debido a la deforestación causada por los monocultivos, con avionetas que fumigan la milpa, se reduzca la producción y se cierren empresas.

“Vemos con tristeza nuestro futuro”, expresó, debido a la desaparición de la Selva Maya y la fauna. Aunque aceptó que las autoridades locales están preocupadas, el proceso para evitar la devastación de la selva es lento, por tanto necesitan apoyo.

Mientras que Jorge Fernández Mendiburu, miembro de la asociación activista Indignación, expresó que los 25 mil millones de metros cúbicos de recarga hídrica que al año recibe el acuífero peninsular están en riesgo por el uso de agrotóxicos como glifosfato, que se incrementa con el uso de transgénicos, lo que provoca cáncer cérvico uterino en mujeres, y en las costas hay presencia de residuos de endulsofán, un químico altamente tóxico y prohibido en varios países del mundo.

Lamentó la falta de respuesta de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ante las denuncias interpuestas, porque “el agua de la península se está envenenando”.

Artemia Fabre, de la Misión de Observación de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de la soya genéticamente modificada, informó a la CIDH que “la falta de respuestas claras genera desconfianza e incertidumbre sobre la capacidad del Estado por cumplir la orden de la Suprema Corte”.

Recordó que en tres comunidades no se ha llevado a cabo la evaluación del impacto socioambiental por transgénicos, ni el impacto en el agua, además de que la información es parcial y sesgada, y no existe participación de los mayas en las actas.

Por último, el relator de la CIDH en México, Enrique Gil Botero, enfatizó en que “los pueblos indígenas no pueden ser víctimas de discriminación”, por lo que tienen el derecho a ser consultados en los temas que afecten su modo de vida y sus prácticas culturales y ambientales.

Destacó la intención de los quejosos de abrir caminos del diálogo, por tanto exigió que “el estado atienda ese clamor para construir la paz, los derechos y reforzar la identidad cultural”.