Texto y foto: Hubert Carrera Palí
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Lunes 17 de mayo de 2016

La regularización del autotransporte público tiene un alto grado de complejidad, afirmó el director del Instituto Estatal del Transporte en Campeche, Candelario Salomón Cruz, quien reveló que esta actividad se ha convertido en un negocio redondo para los concesionarios, al traficar con sus placas y permitir que gente de otras entidades venga a desplazarlos.

Salomón Cruz manifestó que, por irregularidades, 50 unidades han sido aseguradas y hay 35 concesiones paralizadas pues, aseguró, no cumplen con los requisitos que marca la ley y en consecuencia serán reasignadas a personas que validen su estudio de factibilidad del servicio. A propósito, enfatizó que no se autorizará, por el momento, otro servicio de transporte público en Hecelchakán.

Informó que el parque vehicular del servicio de transporte público está integrado por 8 mil unidades y alrededor de 5 cinco mil concesiones. Añadió que aproximadamente el 3 por ciento de la flota está laborando de manera irregular, por lo que al respecto se llevan a cabo operativos permanente y se aplican multas que van de los 20 mil a 43 mil pesos, con el riesgo de retirarles la concesión si caen en reincidencia.

Dejó en claro que no se puede lucrar con las placas y todos los trámites deberán hacerse por el interesado. No se puede permitir que terceros los realicen porque sería infringir la ley y dar pie a que continué la desorganización en el servicio.

Tampoco se puede transferir la concesión sin la autorización del Instituto Estatal del Transporte (IET), pues se ha detectado que como parte de este tráfico, los dueños extorsionan a los interesados con sumas que van desde los 150 mil a 160 mil pesos. “Hemos detectado que un concesionario le alquila hasta a tres personas su placa y finalmente a los defrauda porque no se la entrega a nadie”, comentó.

Aseguró que como parte de este tráfico, se detectó que una particular estaba negociando su concesión en un millón de pesos, alegando estar grave de salud, cosa que la investigación practicada al respecto detectó que no era cierta.

Aunado a lo anterior, gente proveniente de entidades como Quintana Roo, Yucatán, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, pretenden desplazar a los concesionarios locales; para lo cual se valen de terceros para la compraventa de sus placas. Al respecto, el funcionario estatal señaló que no se permitirá la introducción de gente de otras entidades en este servicio. “El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha sido muy claro en todo esto y, además de exigirnos un ordenamiento al 100 por ciento, no se va a permitir que gente de fuera venga a desplazar a los locales, porque es injusto”.

Comentó que la renovación de la concesión se lleva a cabo cada cinco años, para lo cual el interesado debe pagar la cantidad de 7 mil 500 pesos ante la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

Consideró que todas las acciones para regularizar el servicio no deben generar violencia. Por el contrario, se trata de vivir en un marco de legalidad.

El funcionario estatal indicó que junto con todas estas acciones se ha implementado un programa permanente de revisión a las unidades para garantizar que transiten bajo las normas legales establecidas y reducir aún más el número de accidentes que se suscitan.

Aseguró que en lo que va de esta administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, no se ha autorizado ninguna concesión y tampoco reasignado placas, “pues todo estudio parte de una factibilidad y no se van a otorgar permisos si no se requieren”.


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