Hubert Carrera Palí
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Martes 18 de septiembre, 2018
Aunque desde la conclusión del pasado proceso electoral se manejaba ya su salida del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, ayer de manera un tanto sorpresiva Ernesto Castillo Rosado presentó su renuncia al cargo junto con la secretaria general, Elia Fabiola Zavala ante el delegado de ese partido en Campeche.
Ernesto Castillo Rosado no ha dado declaración alguna sino que a través de su cuenta de Twitter publicó que presentó su renuncia ante el delegado nacional Lázaro Jiménez. En reiteradas ocasiones Castillo Rosado, [i]Tito[/i], como se le conoce, negó que fuese a ser removido del cargo y argumentaba que los resultados del recién proceso electoral lo avalaban.
Castillo Rosado asumió la dirigencia estatal del PRI en 2015, desde el inicio de la actual administración estatal y al mismo tiempo se desempeñó como diputado local de la LXII Legislatura, cargo del que solicitó licencia definitiva antes en junio pasado.
Los resultados del pasado proceso electoral no fueron del todo bueno para el PRI en Campeche ya que apenas y logró la mayoría en el Congreso, pero perdió cinco de 11 alcaldías, entre ellas la más importante que es la capital del Estado y apenas logró rescatar la del Carmen y los triunfos en los distritos III y VII, pero perdió las dos senadurías y las dos diputaciones federales.
Entre la clase política estatal se menciona la posibilidad que sea el ahora ex rector de la UAC, Gerardo Montero Pérez el sucesor de Castillo Rosado, dada las renuncias paralelas de ambos personajes políticos, aunque no hay nada en concreto, pues también se menciona con insistencia el nombre de Gabriel Escalante Castillo.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada