Firman pacto en Chile por la paz y nueva Carta Magna

Aldo Anfossi
Foto: Afp
La Jornada Maya

Santiago, Chile
Sábado 19

La Constitución de 1980, la viga maestra que edifica y sostiene el modelo neoliberal construido por la dictadura de Pinochet, quedó amenazada de ser derogada mediante un proceso constitucional que se iniciará en abril de 2020, fruto de la inclaudicable movilización social que hoy cumple cuatro semanas en Chile y que ha significado la más feroz crisis política en 30 años.

En la madrugada del viernes un amplio espectro de partidos, desde la derecha oficialista hasta la izquierda opositora (se restaron comunistas, humanistas y sectores del Frente Amplio), firmaron un "Pacto por la paz social y una nueva constitución", tras 20 horas de negociaciones y bajo rumores de que un ultimátum/advertencia militar estaba corriendo para que la clase política fuera capaz de “construir una salida a la crisis o…”; las versiones abundan.

Terminan 25 años de inamovilidad constitucional, primera piedra de la la institucionalidad en la cual Augusto Pinochet acorazó su tiranía de 17 años para que nada de lo que impuso por la fuerza de las armas y la sangre de la gente pudiera ser alterado. Un cambio será sometido a la decisión del soberano.

Hasta hoy cualquier reforma relevante requería al menos de tres quintos del Congreso (senadores más diputados), lo cual hace imposible una transformación estructural, porque la derecha actúa como veto. La Constitución del dictador redujo al Estado a un papel subsidiario en aquellos ámbitos que no interesan a los privados, y consagró para estos la posibilidad de hacer negocio y lucrar hasta en aspectos sociales esenciales: educación, salud, pensiones, vivienda, transporte, derechos de agua, etcétera, un marco neoliberal mercantilista que ha significado abusos y expoliación sistemática de la gran mayoría y el enriquecimiento vil de uno por ciento de la población.

El acuerdo no impidió que decenas de miles salieran a manifestarse, como invariablemente ha pasado desde el inicio de la movilización, tanto para celebrar como para continuar protestando.

El presidente Sebastián Piñera, hasta la noche del viernes, no había emitido comentario alguno y estaba totalmente fuera de la escena política, una situación inaudita dada las horas que se viven.

En abril los chilenos irán a un plebiscito para decidir, primero, si quieren una nueva Constitución; segundo, qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Carta Magna: una convención mixta (50 por ciento de parlamentarios en ejercicio más 50 por ciento de representantes electos); o una convención cuya totalidad de delegados sean electos. En octubre de 2020 se votará a los integrantes de la opción ganadora. Una vez redactada la Carta Magna, lo cual debiera ocurrir en 18 meses máximo una vez que asuman los delegados, el nuevo texto deberá ser ratificado en plebiscito con voto obligatorio.

Javier Couso, abogado constitucionalista, dijo a [i]La Jornada[/i] que este es un momento excepcional, porque "abre la posibilidad inédita en la historia de Chile de contar con una Constitución elaborada mediante un proceso democrático. Hace apenas una semana la derecha negaba totalmente la posibilidad de una nueva, Piñera estaba abierto sólo a reformas puntuales, lo mismo de los últimos 30 años, cuando entregaban cosas que ya no le servían, como los senadores designados", dijo.

El sociólogo Carlos Ruiz, de la Fundación Nodo XXI e ideólogo del Frente Amplio Izquierdista, destacó que es la protesta ciudadana la que arrancó al régimen, con un alto precio de muertos, heridos, mutilados y detenidos, la posibilidad de transformar muchas cosas.

"Esto abre algo y bajo ningún concepto hay que desmovilizarse, hay que presionar para que las organizaciones sociales sean las protagonistas del cambio; se da en un momento de desorganización de la derecha y es por la presión popular, no hay ninguna toma de conciencia de la clase política, esto fue ganado por la gente en la calle", afirmó.

Ruiz rechazó que la oposición haya cometido un error o caído en una trampa al aceptar el requisito de que el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de las mismas por dos tercios de sus integrantes.

[b]Expectativas muy altas[/b]

"El punto más relevante es ganar una convención totalmente abierta, que no sea la variante mixta con baja legitimidad; no se puede extrapolar las proporciones que actualmente hay en el Congreso y sistema de partidos a lo que sería la convención; lo que viene es un tipo de representación ciudadana muy distinta a la que tenemos, incluidos dirigentes sociales y creo que las fuerzas partidarias van a ser una minoría".

Para garantizar que los acuerdos se respeten, Ruiz consideró "absolutamente" necesario que la ciudadanía se mantenga movilizada, "pero incluso no sólo para que las cosas no retrocedan, sino para mejorar la correlación de fuerzas y las condiciones de resolución del proceso constitucional".

Mauricio Morales, catedrático de la Universidad de Talca, hizo notar la absoluta ausencia de protagonismo gubernamental en la búsqueda de la salida a la crisis y dijo que el acuerdo "desnudó las falencias del gobierno de Piñera", que propuso reformas en el parlamento y se negó a cualquier otra posibilidad.

"El gobierno quedó solo, abandonado y en la práctica su propia coalición lo dejó caer. Mientras el gobierno quería una salida más institucional, su coalición le dio la espalda y lo dejó caer", afirmó.

Morales alertó que la oposición está alentando resultados que no tienen seguridad de cumplirse. En lugar de tomarlo con mesura están elevando innecesariamente las expectativas respecto a lo que se puede alcanzar, por ejemplo, desmantelar la economía social de mercado. Eso no va a ocurrir porque la derecha y la derecha dura van a tener representación y las aspectos más importantes se van a dirimir por dos tercios y pueden actuar como veto, advirtió.

Según el analista, la primera tensión que se va a dar será entre mantener un estado subsidiario o avanzar hacia un estado garante de derechos.

“Esta primera pelea va a ordenar la discusión hacia más abajo, en cuestiones como la autonomía del Banco Central, el Tribunal Constitucional, el papel de las fuerzas armadas, etcétera, donde se necesitará quorum. La hoja en blanco no significa que llegue la centro izquierda a hacer todo de nuevo con un espíritu refundacional como lo han tratado de establecer sus líderes”, dijo.

En cuanto a la movilización social, opinó que fue clave para que la élite política se abriera al cambio; porque “sin la presión y la movilización este cambio habría sido absolutamente inviable. Previo a las movilizaciones, la discusión constitucional estaba totalmente apagada, por tanto la movilización aceleró una agenda social que el gobierno se negó a llevar adelante y gatilló la protesta.

"En 20 días el país avanzó más en estas dos materias que en 20 años; y en 20 horas el Congreso hizo más de lo que había hecho este mismo Parlamento durante 20 años también", remató.