Armando G. Tejeda
Foto: Ap
La Jornada Maya

Madrid, España
Jueves 28 de diciembre, 2017

El Parlamento catalán presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en que acusa al Ejecutivo español, del derechista Mariano Rajoy, de aplicar el artículo 155 de forma ilegal. La decisión la adoptó la Diputación Permanente con los votos a favor de [i]Junts pel[/i] Sí y Cataluña en Común y con la abstención de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que no reconoce legitimidad a los tribunales españoles.

Los juzgados de la localidad catalana de Reus ordenaron la detención inmediata de dos concejales de la CUP en la localidad, Marta Llorens y Oriol Ciurana, que fueron acusados de agresión a la policía e incitación al odio.

Por su parte, el ex consejero de Interior de la Generalitat Jordi Turull confirmó que su formación tiene abiertas “todas las posibilidades” para investir a Carles Puigdemont -refugiado en Bélgica desde finales de octubre-, incluida la de que sea “investido de forma telemática”, así el ex mandatario no tendría que volver a Cataluña para tomar posesión del cargo y evitaría así su detención inminente en cuanto pise territorio español, donde tiene abierta una querella por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Como hizo Unidos Podemos hace dos semanas, los independentistas catalanes decidieron llevar la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante el máximo órgano jurídico del Estado español, que es el que decidirá si la forma y el fondo en los que se aplicó fue acorde a la legalidad constitucional.

El pasado 28 de octubre, tras la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán y previa aprobación por mayoría absoluta en el Senado español, el presidente Rajoy decretó el cese del entonces gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvió las Cortes y convocó a elecciones autonómicas.

Las medidas, aún vigentes, implicaron que el gobierno español asumiera el control de la administración catalana a través de ministerios españoles; es decir que cada ministro se convirtió en concejal del gobierno catalán en su respectiva cartera. Fue la primera vez que se aplicaba el artículo 155 constitucional, por lo que aún hay dudas sobre la legalidad de la medida.

La decisión de los partidos independentistas fue adoptada además sólo una semana después de la elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en las que se volvió a imponer la mayoría secesionista, pues los tres partidos independentistas obtuvieron 70 de los 135 escaños que forman el Parlamento catalán, dos más de los necesarios para formar gobierno. A pesar de que el partido más votado fue Ciudadanos, que logró 36 escaños, el bloque unionista logró sólo 57 diputados.

El recurso ante el Tribunal Constitucional fue además respaldada por un informe del [i]Consell[/i] de [i]Garanties Estatutàries[/i] del Parlamento catalán, que es el principal órgano asesor en materia jurídica del Congreso regional.

En tanto, los juzgados de la localidad catalana de Reus ordenaron la detención inmediata de los concejales de la CUP en la localidad, Llorens y Ciurana, pues finalmente la policía autonómica catalana puso en marcha el operativo para su aprehensión. La juez ordenó que sean detenidos y llevados al juzgado el próximo día 28 de diciembre. La detención tiene únicamente el efecto de que sean llevados ante la autoridad judicial como investigados. Tras ser puestos a disposición de la juez del caso en Reus está previsto que Llorens y Ciurana sean dejados en libertad con cargos.


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