Reuters
Foto: Afp
La Jornada Maya
Sao Paulo, Brasil
Domingo 15 de enero, 2017
Al menos 30 reclusos murieron en una serie de disturbios que se desataron el sábado en una prisión brasileña, dijo una persona con conocimiento directo de la situación, aumentando el caos en un sistema penitenciario en el que han fallecido unos 140 presos en peleas de pandillas desde el comienzo del año.
Los miembros de una banda de la droga comenzaron el choque al invadir un pabellón en la cárcel de Alcaçuz, donde sus rivales descansaban, dijo el domingo la secretaría de seguridad del estado de Río Grande do Norte.
De acuerdo con la persona, que habló bajo condición de anonimato porque todavía se desarrollaban labores forenses, el número de muertos podría "subir ligeramente".
La policía rodeó la prisión por la noche pero esperó hasta el mediodía para entrar debido a reportes de que los presos seguían armados y fuera de sus celdas.
Más de una docena de internos heridos en el enfrentamiento fueron llevados a hospitales cerca de Alcaçuz, dijo la persona.
Como en disturbios que hubo en diferentes partes del país este mes, algunos reos fueron decapitados y algunos cuerpos podrían haber sido quemados parcialmente, dijo la persona.
La policía identificó a los seis que lideraron el incidente, dijo el sitio web de noticias G1, y podrían ser trasladados a prisiones federales.
La causa de los enfrentamientos es un conflicto entre algunas de las bandas del narcotráfico más poderosas de Brasil, que pusieron fin a una frágil tregua hace unos seis meses.
Las muertes de este mes en uno de los motines más sangrientos de Brasil en décadas han expuesto las crecientes guerras territoriales entre las bandas Primeiro Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho de Río de Janeiro, que podrían hundir aún más en la violencia al sistema penitenciario de Brasil.
Según G1, PCC fue la facción narcotraficante responsable de las muertes en Alcaçuz, que alberga unos 1.150 presos con una capacidad para 620.
El domingo, el ministro de Justicia Alexandre de Moraes prometió extender apoyo financiero y de seguridad a Río Grande do Norte para evitar nuevos levantamientos carcelarios. Moraes autorizó que el estado use parte de los 13 millones de reales (4 millones de dólares) que transfirió en días recientes para mejorar y comprar equipo de la prisión.
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