Stella Calloni, corresponsal
Foto: Xinhua
La Jornada Maya

Buenos Aires, Argentina
Jueves 5 de enero, 2017

Delegados y delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del ministerio de Educación de Argentina, fueron amenazados de muerte mediante un mensaje dejado en el Palacio Pizzurno (sede de ese organismo), en el marco del conflicto por los 400 despidos en distintas áreas y el cese de contratos de 2 mil 600 trabajadores del programa Mi Escuela, denunciaron los afectados este jueves.

Las amenazas fueron dejadas en el local gremial dentro del edificio y en la sala de fotocopias del tercer piso, junto a una foto de los delegados, en carpetas de cartón oficiales con el membrete del ministerio, material al que muy pocos tienen acceso.

“Camporistas de mierda, desestabilizadores hijos de puta... Están muertos”, decía el texto, mientras el edificio continúa virtualmente sitiado por la policía. Sólo se deja ingresar a personal autorizado a la sede.

“La foto de los delegados fue tomada de las redes sociales y es una clara muestra de hostigamiento sicológico y persecución política hacia los delegados de ATE”, que desde la semana pasada están bajo fuertes medidas de seguridad, a raíz de que se anunció que el gobierno preparaba 3 mil nuevos despidos en el ministerio, señala un comunicado de los afectados.

“Los trabajadores denuncian que el gobierno revisa sus redes sociales constantemente, y hasta le han dicho burlonamente a varias trabajadoras: chicas, fíjense qué publican en el face”, denunció Carlos Ruiz, uno de los delegados amenazados.

“Cómo no vamos a tomar en serio estas amenazas cuando hay trabajadores que sufrieron fisuras (durante la represión del pasado 2 de enero) en sus vértebras después de la golpiza policial y están a la espera de una intervención quirúrgica”, sostuvo Daniel Catalano secretario general de ATE Capital, quien responsabilizó al presidente Mauricio Macri, y a los ministros Esteban y Patricia Bullrich “por la integridad física de los trabajadores del ministerio”.

Sobre este mismo tema, el secretario general de la Junta Interna de ATE Rodrigo Recalde, aseveró: “No van a amedrentarnos, vamos a seguir peleando por la renovación de los contratos, la continuidad de la formación docente y la calidad de la educación pública”.

[b]Incendio en La Palma, Río Negro[/b]

En tanto, este jueves se denunció en varios medios que el Estado nacional estuvo ausente del incendio voraz que arrasó más de 800 mil hectáreas en La Pampa, en Río Negro y avanzó hacia el sur de la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino ultraderechista Sergio Bergman volvió el miércoles de sus vacaciones, cuando el fuego lleva más de una semana y, según su primera declaración, esto es “una profecía apocalíptica”.

La senadora nacional Magdalena Odarada de la Coalición Cívica-ARI (integrante de la oficialista alianza Cambiemos) por Río Negro, acusó al gobierno nacional de quitarle recursos al Sistema Federal de Manejo del Fuego, lo que complicó la lucha contra los incendios en el norte de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado expresó su gran preocupación por el recorte al presupuesto y recursos “para equipos especiales para combatir el fuego, lo que agravó la situación cuando se está sufriendo un incendio sin precedentes al norte de Río Negro, sur de La Pampa y de provincia de Buenos Aires que ya arrasó cerca de 800 mil hectáreas de pastizales, animales ovinos, bovinos y cultivos en sólo algunas semanas”.

Advirtió que los daños económicos y ecológicos son irreversibles.

En 2016 el presupuesto para prevenir incendios y otros desastres se redujo de casi de 300 millones a 238 millones, denunciaron en su momento productores de la zona.

En una conferencia en Bariloche en octubre pasado Bergman, consultado sobre cómo iban a enfrentarse los riesgos de incendios forestales durante el verano dijo que “para el verano lo más útil que podemos hacer es rezar”.

Los productores locales calificaron de “dramática” la situación y reclamaron con urgencia la asistencia de los gobiernos nacional y provincial (ambos del PRO-Alianza Cambiemos), que hasta el momento no han dado respuesta a esta dramática situación.

[b]Aumentos y realidades[/b]

Tampoco hay respuestas para las pequeñas y medianas empresas, ni para diversas industrias que continúan cerrando ahora que la justicia autorizó un nuevo aumento de 375 por ciento en el servicio del agua, sobre el aumento dispuesto el año pasado de una suma similar que fue de entre 300 y 600 pesos.

Con este anuncio y el cuarto aumento al combustible, el incremento de las cuotas de carretera de hasta 100 por ciento y en el transporte, se espera que en enero el aumento en alimentos que alcanzó a 40 por ciento se dispare hasta 60 por ciento afectando gravemente a la mayoría de la población y reduciendo aún más los salarios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ingreso promedio de los argentinos asciende a 11 mil 127 pesos y el 60 por ciento de la población gana en promedio unos 10 mil pesos al mes. El Indec informó que según las cifras de la distribución del ingreso, elaboradas con base a la Encuesta Permanente de Hogares en 31 centros urbanos, el sector más rico de la población ganaba 25.6 veces más que el segmento menos pudiente durante el tercer trimestre de 2016.

De los trabajadores empleados en una actividad laboral formal o informal, asalariada o no, la mitad cobró menos de 9 mil pesos mensuales lo que proyectado a todo el país son casi 9 millones de personas, que no alcanzan a cubrir la canasta básica cuyo costo se aproxima a los 13 mil pesos.

La situación en los primeros meses de 2017 será gravísima, porque con todos estos aumentos la mitad de la población no puede subsistir ni medianamente.


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