Illinois y otros estados de Estados Unidos, gobernados demócratas, están ampliando su seguro de salud para incluir a inmigrantes adultos, incluso ancianos, que se encuentran en el país sin autorización. El estado, el primero que ofreció un programa similar al Medicaid, el seguro de salud para ancianos, lo amplió este año con el nuevo presupuesto.
California siguió el ejemplo al incluir en su último presupuesto la cobertura para los mayores de 50 años. Y el gobernador de Oregon firmó esta semana un plan que ofrece beneficios a los inmigrantes mayores de 19 años. Los promotores de los derechos de los inmigrantes en Nueva York esperan aprovechar el impulso para lograr medidas similares.
Los impulsores dicen que la tendencia es crucial durante una pandemia de coronavirus en la que los inmigrantes, que en gran proporción son trabajadores esenciales, suelen ser de los más vulnerables, y las medidas federales como la reforma inmigratoria enfrentan una fuerte oposición política.
Los opositores cuestionan el costo y el uso de dinero de los contribuyentes, pero los expertos dicen que ahorrará dinero y ayudará a resolver los problemas inminentes de una población que envejece.
La falta de seguro médico afecta más a los inmigrantes, autorizados o no, que a los ciudadanos.
El 46 por ciento de los inmigrantes menores de 65 años que se encuentran sin autorización en el país carece de seguro, comparado con el 25 por ciento de los que gozan de estatus legal. Alrededor del 9 por ciento de los ciudadanos carece de seguro médico, de acuerdo con un análisis de la Kaiser Family Foundation en julio, que no incluye datos sobre los mayores de 65 años.
Los obstáculos incluyen el costo y la falta de opciones. Por ejemplo, los tenedores de la green card (residencia legal) deben esperar cinco años para poder optar por el Medicaid.
Tratándose de las prestaciones públicas, también existe el temor a las consecuencias como la deportación. El gobierno del presidente Donald Trump aprobó una norma que negó la residencia a los inmigrantes usuarios de prestaciones públicas.
El uso de prestaciones alimenticias disminuyó en 37 por ciento entre los no ciudadanos de 2016 a 2019, según un estudio del Instituto de Políticas de Migración publicado en diciembre.
Los temores persisten a pesar de que el gobierno de Joe Biden anuló la norma de Trump, dijo Esther Corpuz, CEO del Centro de Salud Alivio, una cadena de clínicas que atiende a 50 mil pacientes, en su mayoría inmigrantes sin estatus legal.
“Persiste el temor de que si solicitan algún tipo de prestación del gobierno... se lo utilizará en su contra en el futuro”, dijo.
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