Las autoridades libanesas conocían los riesgos planteados por el material de gran potencial explosivo que llevaba años almacenado en el puerto de Beirut y no hicieron nada por proteger al público, según denunció el martes Human Rights Watch.
En un reporte sobre la enorme explosión del año pasado, el grupo internacional de derechos humanos afirmó que esos mismos funcionarios intentan ahora entorpecer la investigación.
Líbano cumple este miércoles un año desde la explosión del 4 de agosto que golpeó Beirut, mató al menos a 214 personas, hirió a más de 6 mil y destruyó o dañó miles de negocios y viviendas. Antes se produjo un enorme incendio en un almacén del puerto provocado por cientos de toneladas de nitratos de amonio mal almacenados.
Un año más tarde, las investigaciones aún no han respondido preguntas como quién ordenó el envío del cargamento y por qué las autoridades ignoraron reiteradas advertencias internas sobre su peligro.
En el reporte de 650 páginas, titulado Nos mataron desde dentro, el grupo con sede en Nueva York publicó decenas de documentos y correspondencia entre funcionarios libaneses sobre el nitrato de amonio que estuvo casi seis años almacenado de forma insegura en el puerto.
“Las acciones y omisiones de las autoridades libanesas crearon un riesgo para la vida no razonable”, afirmó el reporte, añadiendo que según el derecho internacional de derechos humanos, el hecho de que un Estado no actúe para impedir riesgos previsibles para la vida es una violación del derecho a la vida.
Además, HRW señaló que hay pruebas sólidas que sugieren que algunos funcionarios previeron el posible desastre y asumieron el riesgo de forma tácita. “Según la ley nacional, esto podría suponer un crimen de homicidio con intención probable y/o homicidio involuntario”, añadió el informe.
El reporte menciona a funcionarios de alto rango como el presidente, Michel Aoun; el entonces primer ministro, Hassan Diab; un ex jefe del Ejército libanés; responsables de seguridad y varios ministros, entre otras personas que fueron informadas de los riesgos que suponía tener nitratos almacenados en medio de una zona residencial y comercial con una alta densidad de población, pero no tomaron las medidas necesarias para proteger al público.
Varios funcionarios libaneses han admitido que sabían de la existencia de los nitratos y o bien afirman que investigaron el tema tras enterarse o bien que no lo hicieron porque no estaba entre sus competencias.
HRW señaló que la falta de independencia judicial, la inmunidad que concede la constitución a los funcionarios de alto rango y una serie de fallos sistémicos y de procedimiento en la investigación libanesa la hacen “incapaz de ofrecer una justicia creíble”.
Los sobrevivientes de la explosión y los familiares de las víctimas han pedido una investigación internacional, ya que no tienen confianza en el sistema judicial libanés.
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HRW señaló que los argumentos a favor de “una investigación internacional no han hecho más que ganar fuerza”.
“Todos los individuos nombrados en el reporte conocían el peligro que suponía el material y tenían la responsabilidad de actuar, y no actuaron de acuerdo al derecho internacional”, afirmó Aya Majzoub, investigadora en Líbano de HRW.
“Eso es una grave violación de los derechos humanos. Es una violación de uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la vida”, dijo a The Associated Press.
El Rhosus, el barco que llevó a Líbano las 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio en 2013, navegaba en teoría desde el puerto georgiano de Batumi, en el Mar Negro, hacia Beira, en Mozambique.
El barco hizo una parada en Beirut para intentar ganar un dinero extra embarcando varias piezas de maquinaria pesada. Pero esa mercancía adicional demostró ser demasiado pesada para el Rhosus y la tripulación se negó a cargarla. Las autoridades libanesas incautaron al Rhosus por no pagar la tarifa del puerto y nunca volvió a salir de Beirut.
HRW señaló que aún no está claro si el cargamento debía llegar a Mozambique o, por el contrario, “Beirut era el destino” desde un principio. Las pruebas disponibles en este momento, señaló el grupo, indican también que varios altos funcionarios libaneses cometieron, como mínimo, un delito de negligencia según la legislación libanesa en su gestión del cargamento del Rhosus.
El juez instructor que dirige el caso en Líbano, Tarek Bitar, anunció el mes pasado que tiene previsto investigar a políticos de alto nivel y responsables de seguridad actuales y pasados, y pidió autorización para procesarlos.
Por ahora, las personas mencionadas en la pesquisa -incluidos el primer ministro saliente, varios legisladores y generales destacados- no han acudido a la fiscalía, alegando que o bien tienen inmunidad por ser parlamentarios o necesitan un permiso especial del primer ministro o el ministro del Interior para comparecer.
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Por otra parte, el Programa Mundial de Alimentos dijo que está “apoyando a una de cada seis personas en el país, más que en cualquier otra época de la historia”. La caída de la economía ha hundido a millones en la pobreza, y el programa ha dicho que ayuda con dinero y alimentos a 1.4 millones de personas en Líbano.
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