El trato del régimen talibán a las mujeres y a las niñas en Afganistán podría ser considerado como persecución de género y por lo tanto constituir un crimen contra la humanidad, consideraron el viernes expertos de la ONU.
"En los últimos meses, las violaciones de las libertades y derechos fundamentales de las mujeres y niñas en Afganistán, que son las más graves e inaceptables del mundo, aumentaron fuertemente", consideran estos expertos independientes, que son comisionados por la ONU, pero no se expresan en su nombre.
Estas restricciones recientes, como la prohibición de frecuentar parques en Kabul, así como las medidas discriminantes anteriores "deberían ser objeto de investigación como persecución de género (considerada como un crimen contra la humanidad) con miras a procesamiento según el derecho internacional", subrayó Richard Bennett, ponente especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán.
Con Bennet se han asociado también los miembros del grupo de trabajo contra la discriminación de las mujeres y niñas.
Piden a los talibanes, que retomaron el poder en agosto de 2021, respetar los compromisos de Afganistán en materia de derechos humanos.
Por otro lado, el Alto comisionado para los derechos humanos pidió que las flagelaciones, "una forma abyecta de castigo, cesen de inmediato".
Catorce personas, tres mujeres y once hombres, fueron flagelados el miércoles por orden de un tribunal afgano tras ser reconocidos culpables de "crímenes morales" y robo, declaró un responsable provincial.
Los talibanes impusieron una interpretación ultra-rigorista del islam e introdujeron progresivamente reglas cada vez más estrictas.
Las escuelas secundarias para mujeres fueron cerradas. Las funcionarias están excluidas de la mayoría de los empleos públicos.
Las mujeres tampoco pueden viajar solas fuera de su ciudad, deben cubrirse con velo integral y no pueden frecuentar parques, jardines, gimnasios ni baños públicos.
Lee: ONU condena un año de ''vergonzoso'' cierre de escuelas de Afganistán
Edición: Emilio Gómez
Esto gracias a decisiones judiciales y la intervención de Reporteros sin Fronteras
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