Cerca de 85 por ciento de la población indígena de América Latina está ocupada en la economía informal, un porcentaje “muy por encima” del promedio de 50 por ciento que representan el total de los trabajadores de la región, revelaron datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicados en el informe Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de Covid-19.
Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales, puesto que los salarios de los indígenas representan apenas 33 por ciento de los que percibe en promedio la población general.
El porcentaje de población indígena, 16 por ciento, que está ocupado en el trabajo familiar no remunerado también es mayor al promedio de la región, que es de 4 por ciento. “Los indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población”, recoge el informe de la OIT.
En América Latina residen casi 55 millones de indígenas, lo que representa 8.5 por ciento de la población total de la región.
Los datos recopilados por el organismo internacional provienen de las encuestas de hogares de los distintos países de América Latina. Si bien, sólo ocho de los 18 países analizados cuentan con información étnica, lo que genera una situación de “invisibilidad estadística” que, en palabras de la OIT, constituye “el primer peldaño” dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población.
“Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas”, advierte el documento.
Para mejorar estas cifras, la OIT apuesta por garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para las personas indígenas, así como una mayor protección social, siendo ambos “pasos decisivos” para corregir la situación de postergación.
“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, agrega el documento.
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