Chile: Aprueban primeras normas de borrador de nueva Constitución

Chile puso en marcha este lunes un segundo intento para dotarse de una nueva Constitución, que deje atrás la heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), en un proceso que será sustantivamente diferente al fallido en septiembre de 2022, cuando la propuesta escrita desde una "hoja en blanco" por una Convención Constitucional paritaria y con representación de pueblos originarios, fue rechazada por 68 por ciento de los votantes en el plebiscito de salida.

Esta vez, un grupo de 24 "expertos" designados por el Congreso y que se instaló a sesionar este lunes, redactará durante los siguientes tres meses un anteproyecto de constitución que servirá de base sobre la cual trabajarán 50 representantes populares a elegirse el 7 de mayo próximo.

La prexistencia de ese texto en la práctica limitará la creatividad y/o autonomía de los futuros "consejeros constitucionales", que comenzarán sus funciones en junio, cuando lo reciban.

También este lunes debutó un "comité técnico de admisibilidad", de 14 miembros, cuya misión consiste en pronunciarse respecto de que las propuestas de articulado que se busquen introducir, tanto por los expertos como por los consejeros, no transgredan los denominados "principios constitucionales".

Se trata de 12 normas que en octubre pasado impuso la derecha al oficialismo, como condición para retomar el camino constitucional, que esencialmente consagran cuestiones trascendentales para la derecha, por ejemplo, la libertad de emprendimiento y la propiedad privada, que el Banco Central es un órgano autónomo o que Chile es un estado unitario e indivisible, lo cual tiene el efecto de cerrar la puerta al reconocimiento de autonomías territoriales para los pueblos indígenas, tal cual lo demandan por ejemplo los Mapuche.

Para muchos analistas y ciudadanos, la creación y mandatos otorgados a estos dos grupos -integrados por doctos académicos y académicas con sobreabundancia de doctorados, además de cuoteados políticamente-, evidencia a sus anchas cómo las élites políticas e intelectuales tomaron el control del proceso, restringiendo la soberanía popular acerca del contenido constitucional.

Contrario al fracasado proceso previo, fruto del estallido social de octubre de 2019, no hay ahora atisbo de participación del Chile popular y profundo, algunas de cuyas representaciones emergieron desde territorios muy marginales, repletos de problemas ambientales, contaminación, ausencia de agua y falta de sustentabilidad, para empoderarse en la Convención de 2022. Aunque luego, la diáspora que tuvo lugar durante la marcha de la Convención, la ausencia de conducción, el fraccionamiento, los excesos en la búsqueda de maximalismos identitarios, unido al desprestigio que impulsó la derecha, condujeron a la aplastante victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, en septiembre de 2022.

Según algunas encuestas, cerca del 60 por ciento de la población chilena tiene nada o poca confianza en el proceso constituyente.

El plebiscito ratificatorio del texto propuesto será el 17 de diciembre y de participación obligatoria.

La Comisión de Expertos Constitucionales aprobó este lunes por unanimidad las primeras normas preliminares que integrarán el borrador de la propuesta de nueva Constitución de Chile, después de que la semana pasada el organismo terminara la redacción del articulado.

De los 14 capítulos que componen el índice del anteproyecto de Constitución, hoy se dio luz verde a tres: Fundamentos del Orden Constitucional; Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales; y Representación política y participación.

Cada capítulo, que se vota de forma general esta semana y, posteriormente, de forma particular, tiene que ser aprobado por 3/5 de los 24 comisionados, es decir, necesita 14 votos del pleno para luego ser remitido a cada subcomisión, donde se discutirá en particular y se ingresarán las enmiendas, que después también tendrán que ser validadas por el pleno de expertos.

"Quedan desafíos pendientes para el período de enmiendas, por eso debemos hacer un esfuerzo mayor en materia de garantía de esencialidad, para que los derechos que han sido cautelados de modo íntegro puedan quedar debidamente resguardados y las normas no sean prográmaticas o meramente declarativas”, dijo la experta Marcela Peredo, que representa al partido de derecha Renovación Nacional.

Algunas de las normas propuestas en la Comisión de Sistema Político, por ejemplo, pasan por establecer un umbral electoral del 5% para que los partidos puedan acceder al Congreso; limitar la reelección a dos mandatos no consecutivos; reforzar los partidos políticos o penalizar a los parlamentarios díscolos, entre otras.

"Quiero destacar el fortalecimiento de los partidos políticos, entendiendo que juegan un rol fundamental en la democracia representativa, en tanto mediadores entre el Estado y los ciudadanos", señaló la experta por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad Antonia Rivas.

Las propuestas de norma de los 14 capítulos se redactaron en las respectivas comisiones, con mucha reserva y en un plazo de 15 días, a diferencia del anterior proceso constituyente, en el que la redacción en las comisiones duró cinco meses.

Añadir nueva notaLos artículos surgidos de este breve proceso son fruto del consenso de los expertos, que tienen por delante el desafío de despachar la totalidad del anteproyecto de norma en dos meses para entregar el texto al Consejo Constitucional que se elegirá el próximo 7 de mayo.

El Comité de Expertos se instaló el 6 de marzo tras ser designados por el Parlamento chileno (12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado) y está a cargo de elaborar en tres meses un borrador de nueva Constitución que sirva de base a los consejeros que serán elegidos en mayo en las urnas.

El Consejo Constitucional electo podrá aprobar o rechazar las propuestas de los expertos y el texto que resulte de este proceso tendrá que ser aprobado, finalmente, por la ciudadanía en un plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre.

El grupo de expertos, una de las novedades de este nuevo proceso, genera cierta reticencia en sectores de la sociedad, temerosos de que el Parlamento "tutele" la redacción de la nueva Constitución.

Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, aunque existe cierto "cansancio constituyente" y el nuevo proceso no despierta el mismo interés que el anterior.

Edición: Laura Espejo