El rechazo a la nueva constitución de Chile triunfó holgadamente el domingo con el 61.87 por ciento, según el conteo oficial preliminar, lo que significa que seguirá vigente la Carta Magna impuesta hace 41 años por la dictadura militar.
El autónomo Servicio Electoral de Chile -que ha contabilizado más del 99 por ciento de los votos- precisó que el “Apruebo” obtenía un 38.13 por ciento.
En un mensaje televisado a la nación, el presidente Gabriel Boric -uno de los principales impulsores de la nueva carta magna- reconoció que el mensaje de las urnas urge al gobierno y a la oposición a que “ahora sí nos pongamos de acuerdo” e invitó a los líderes de ambas cámaras del Congreso a una reunión en el palacio presidencial para analizar los pasos a seguir.
A su vez, anticipó “prontos ajustes en nuestro equipo de gobierno” y sostuvo que “los desafíos de nuestro país no se agotan en la cuestión constitucional. Como gobierno tenemos la obligación de atender las demandas de nuestros compatriotas… la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de la vivienda”.
El campo de aprobación admitió la derrota, y su vocero Vlado Mirosevic dijo: “Reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que ha expresado el pueblo chileno”.
El rechazo del documento era ampliamente esperado en este país de 19 millones, ya que meses de encuestas preelectorales habían mostrado que los chilenos desconfiaban del documento redactado por una asamblea constituyente en la que la mayoría de los delegados no estaban afiliados a un partido político. fiesta.
“Hoy estamos consolidando una gran mayoría de chilenos que vieron el rechazo como un camino de esperanza”, dijo Carlos Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo. “Queremos decirle al gobierno del presidente Gabriel Boric... que hoy tú debes ser el presidente de todos los chilenos y juntos debemos salir adelante”.
La jornada, de voto obligatorio y con más de 15 millones de personas llamadas a las urnas, se desarrolló con "tranquilidad y alta participación", dijo la portavoz del gobierno, Camila Vallejo.
La votación que culminó un proceso de tres años que comenzó cuando el país, una vez visto como un modelo de estabilidad en la región, estalló en protestas callejeras lideradas por estudiantes en 2019. Los disturbios fueron provocados por un aumento en los precios del transporte público, pero rápidamente se expandió a demandas más amplias de mayor igualdad y más protecciones sociales.
Después de meses de trabajo, los delegados elaboraron un documento de 178 páginas con 388 artículos que, entre otras cosas, pone el foco en los temas sociales y la paridad de género, consagra los derechos de la población indígena del país y pone el medio ambiente y el cambio climático en el centro del escenario.
En contraste, la constitución actual es un documento favorable al mercado que favorece al sector privado sobre el estado en aspectos como educación, pensiones y atención médica. Tampoco hace referencia a la población indígena del país, que representa casi el 13 por ciento de los 19 millones de habitantes del país.
Edición: Estefanía Cardeña
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