El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que paraliza temporalmente la tramitación de la polémica reforma judicial para tratar de llegar a un consenso con la oposición, ante la amplia contestación social que ha suscitado las mayores protestas de la historia de Israel.
“Por responsabilidad nacional, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley (de elección de jueces) en esta sesión de la Knéset (Parlamento) para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio, en preparación para la legislación durante la próxima sesión parlamentaria”, declaró en un mensaje televisado el primer ministro, aunque no abandona por completo el proyecto, que espera salga adelante en los próximos meses.
La Knéset (Parlamento israelí) entrará en receso todo el mes de abril, por la Pascua judía, y el gobierno se ha dado de plazo hasta la pausa del verano en julio para hacer los ajustes necesarios a la reforma, vista por la oposición y amplios sectores sociales como una amenaza para la democracia porque socava la independencia de la Justicia.
Despide a ministro de Defensa
Netanyahu cesó anoche a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que este se pronunciara públicamente a favor de frenar la reforma ante la amplia contestación social que ha provocado, que ha llevado incluso a miles de reservistas a negarse a servir, lo que suponía a su juicio un “peligro real e inminente para la seguridad de Israel”.
Protesta récord obligó la decisión
Como respuesta, un récord de más 650 mil israelíes salieron anoche a las calles de todo el país, sobre todo en Tel Aviv, en protestas improvisadas que se convocaron rápidamente por las redes sociales, después de trece semanas consecutivas de manifestaciones desde que se anunciara la reforma.
La contestación social se mantuvo hoy, con un llamado a la huelga general por parte de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato de Israel, que fue seguida por universidades, bancos, la compañía eléctrica, cadenas de restauración como McDonalds, ayuntamientos y hospitales.
Además, los trabajadores del aeropuerto internacional de Ben Gurion lograron que se suspendiera durante varias horas los despegues de vuelos, y también se ha frenado el tráfico en el puerto de Ashod; mientras los manifestantes volvieron a las calles.
Más de 100 mil manifestantes se congregaron hoy de nuevo frente a la Knéset en Jerusalén para pedir el fin de la reforma judicial, mientras que una contramanifestación progubernamental, organizada por grupos de extrema derecha, se convocó rápidamente en la misma zona, con miles de asistentes, entre ellos el ministro Itamar Ben Gvir.
Sin embargo, los grupos anti-reforma ya avanzaron que no se contentan con el retraso en la tramitación de la reforma anunciado por Netanyahu, sino que seguirán con sus protestas hasta que esa legislación quede cancelada y se plantee una nueva reforma consensuada con la oposición.
Los puntos más controvertidos de la reforma judicial
1- Elección de los jueces: La reforma planteada busca ampliar el comité de nombramiento de nueve a 11 miembros y cambiar su composición para que seis de ellos sean piezas del gobierno.
2- Revisión judicial: Evita que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. Actualmente la invalidación de cualquier ley requiere mayoría simple, con el cambio sería del 80%.
3- Clausula de Anulación: Permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) pueda anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes.
4- Asesores legales de los ministerios: Netanyahu busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, de expertos independientes a juristas elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.
5- Razonabilidad: La reforma pretender limitar el alcance del concepto de “razonabilidad” por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.
Edición: Mirna Abreu
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