Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos concedió una suspensión temporal que permite al gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, mantener la barrera de boyas instaladas en medio del río Bravo para impedir que los migrantes crucen ilegalmente desde México mientras avanzan los procedimientos judiciales para determinar una decisión definitiva sobre este caso, mostró un expediente judicial.
La medida llega un día después de que el juez de distrito David Ezra, en Austin, ordenó quitar el muro flotante del río bajo el argumento, entre otros, de que obstruye la navegación y se instaló sin permiso del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Esta decisión se consideró como una victoria tentativa para el gobierno del presidente, Joe Biden, que demandó al estado texano sobre este caso, pero Abbott indicó que apelaría en las cortes.
Aunque esa orden no debía entrar en vigor hasta el próximo día 15 de septiembre, el fallo de ayer podría evitar que Texas tenga que tomar medidas inmediatas para comenzar a mover las barreras hacia el terraplén.
Esta barrera, de más de 300 metros de largo, es una de las múltiples estrategias que el gobernador Abbott ha lanzado, como parte de su operación Lone Star para disuadir a los migrantes, incluidas bobinas de alambre de púas colocadas a lo largo de la orilla del río.
Las operaciones fronterizas del gobernador fueron objeto de un mayor escrutinio en julio después de que apareciera un correo electrónico interno de un policía que alegaba que las autoridades de Texas habían recibido la orden de empujar a los niños migrantes de regreso al río y negarles agua a los migrantes en condiciones de calor extremo.
En este contexto, la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México durante el gobierno del ex presidente Donald Trump causó que numerosos saguaros en Arizona fueran derribados, agravó los riesgos para la población de ocelotes en Texas y alteró cementerios de indígenas estadunidenses, según la Oficina de Rendición de Cuentas, que pertenece al Congreso.
El informe ofrece la primera valoración independiente de los daños que acarreó la construcción de más de 724 kilómetros de muro, la cual fue eximida de estudios ambientales profundos y desatendió en gran medida las preocupaciones de comunidades indígenas estadunidenses en la premura por terminar la barrera.
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