Violencia económica, una forma desapercibida de control a las mujeres

La violencia económica y patrimonial es una forma muy común de control hacia las mujeres que pasa desapercibida muy fácilmente y que es más invisibilizada que otro tipo de violencias de género, por lo que algunos países de Iberoamérica aún no cuentan con un marco legal que la tipifique.

Esta violencia se manifiesta sobre todo en los juicios por pensiones alimenticias, pues las mujeres deben enfrentarse constantemente a un sistema que no toma en cuenta el impacto que la falta de aporte económico al sustento vital tiene en las hijas e hijos, lo que provoca situaciones de pobreza, falta de autonomía y sobrecarga de tareas de cuidado.

Así lo han asegurado expertas de España, Argentina y República Dominicana durante la presentación del informe La Violencia Económica y Patrimonial como Violencia de Género: Hacia la construcción de estrategias para fortalecer los derechos, que cuenta con la colaboración de la Secretaría Técnica de la Iniciativa (IIPEVCM), con el respaldo técnico de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

“Hoy sabemos que la violencia económica y patrimonial contra las mujeres es un tipo de violencia que resulta de difícil identificación, y supone una clara forma de control hacia las mujeres para obstaculizar su empoderamiento económico”, comentó la secretaria para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios.

Violencia económica, una forma de control a las mujeres

Gisela Gatti, especialista en cooperación internacional, y quien ha realizado la presentación del informe, ha mencionado que para combatir la violencia económica y patrimonial es necesario fortalecer desde los Estados los programas para la autonomía económica de las mujeres y también la especialización de los organismos de Justicia.

“El acceso de las mujeres a la Justicia a veces es problemático, ese desafío va acompañado de un cambio cultural, del fortalecimiento de esas políticas, pero sobre todo de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en el sistema judicial. Además de producción de datos estadísticos sobre la violencia económica y patrimonial que también nos permite tener una lectura (de la situación)”, afirmó.

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Según el documento, una vez que las mujeres logran superar el estigma de sufrir violencia y acuden al sistema de Justicia de sus países se enfrentan a una serie de obstáculos que van desde el elevado costo de un abogado o abogada especializada, la falta de conocimiento y dimensión de la violencia impuesta o la vinculación de un régimen de visitas de los padres hacia los hijos con el régimen de alimentos y el pago de la cuota alimentaria.

Las especialistas participantes del informe destacan que los organismos de justicia, lejos de
ofrecer respuestas reparadoras, constituyen espacios de vulneración, donde las personas que acuden por haber atravesado una situación de violencia terminan sintiéndose más vulneradas que antes de iniciar el proceso judicial.

“En el informe surge como eje clave poder llevar adelante políticas que permitan que las mujeres y personas LGTBI puedan acceder a la Justicia principalmente en casos de cobro de alimentos”, ha asegurado Florencia Ini, representante del Ministerio de las Mujeres de Argentina.

Ini destaca que en Argentina algunos organismos judiciales están poniendo en práctica una herramienta denominada “Índice de crianza”, que es un valor de referencia para los casos de alimentos que involucra distintos valores económicos basados en el contexto nacional.

“Nos parece que es una herramienta clave para el acceso a la Justicia en casos de violencia económica y patrimonial porque permite tener procesos más fluidos, en donde las mujeres no tengan que iniciar varios litigios por una misma cuota, donde haya un rol más activo del Poder Judicial”, ha defendido.

Estadísticas y sistemas de cuidados

“También es una violencia bastante desconocida por profesionales que entran en el circuito de reparación de las violencias machistas”, djo Itziar Abad.

En República Dominicana tampoco tienen identificada a esta violencia dentro de sus normativas, pero trabajan en ello y además han puesto en práctica un proyecto denominado “Red de cuidadores y cuidadoras” a través del cual se ha desarrollado una oferta domiciliaria de servicios domésticos y de cuidados que sean cualificados, especialmente dirigidos a niñas y niños de 0 a 5 años y también a personas en situación de dependencia como adultas mayores o personas con discapacidad.

“Ahora mismo se encuentra en una fase piloto pero se ha diseñado con miras a consolidarse como un sistema nacional de cuidados que garantice la creación de empleos formales, que incluya seguridad social contributiva y salarios dignos para estos cuidadores y cuidadoras certificadas”, ha explicado Jessica Croce, del Ministerio de la Mujer dominicano.

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Edición Astrid Sánchez