La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este jueves la atención al Gobierno panameño por el uso de violencia en las manifestaciones que se están produciendo en el país y que han dejado al menos cuatro muertos.
"Es deber del Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar la protesta social, tomando en consideración que el hecho de que algunas personas participen en actos de violencia no vuelve ilegítima a la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la manifestación mediante el uso de la fuerza", apuntó el organismo en un comunicado.
Por ello, recordó que "la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación".
Cuando la protesta social se enmarca dentro de demandas o cuestionamientos a medidas gubernamentales o asuntos de interés público, éstas se encuentran especialmente protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana", recordó el organismo.
La cuestionada renovación del contrato minero de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, tiene sumido a Panamá en una oleada de protestas que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, además de dejar pérdidas millonarias por el corte de carreteras en el país.
La aprobación en apenas tres días de ese polémico contrato el pasado 20 de octubre desató una oleada de protestas, las mayores en las últimas décadas, lideradas por ambientalistas, jóvenes y sindicatos.
La situación obligó a las autoridades a buscar una salida a la crisis con una moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y paraliza las que están en trámite, una de las exigencias de los manifestantes, pero las protestas continúan.
"Cuando algunas personas cometen actos de violencia en el contexto de una protesta, deben ser individualizadas, pero los demás manifestantes conservan su derecho a la reunión pacífica", insistió el organismo con sede en Washington.
Además, la actuación de la fuerza pública para impedir detener hechos de violencia debe realizarse "de acuerdo con los protocolos respectivos y de conformidad con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y, legalidad, en línea con los estándares sobre la materia".
La CIDH llamó también al Estado panameño, gobernado por el presidente Laurentino Cortizo, a brindar el máximo nivel de garantías para que los periodistas realicen su trabajo durante protestas sociales, y asegurar que no sean agredidos, amenazados o limitados de cualquier forma por estar ejerciendo su profesión.
"En situaciones de conflictividad social, el rol de la prensa es fundamental al tener la responsabilidad de informar sobre los hechos a toda la población", insistió.
Denuncian ataques contra la prensa local
Empujones, daños a los equipos e insultos son algunos de los ataques que sufrieron los periodistas de medios de comunicación panameños mientras cubrían la oleada de protestas contra un polémico contrato minero en Panamá, acusados en algunos casos de alinearse con la postura del Gobierno, advirtieron este jueves a EFE varios gremios periodísticos.
Estos gremios condenaron los abusos, sobre todo verbales, a los compañeros de profesión al considerar que van en contra la libertad de prensa, ya que los reporteros no "marcan" la "política informativa" de los medios de comunicación.
El ataque más reciente sucedió este miércoles, cuando una periodista y un camarógrafo de una cadena local tuvieron que huir de una protesta en la capital después de que fueron rodeados por manifestantes que gritaban "fuera" y "vendidos" mientras retransmitían en directo.
El sector privado "quiere trabajar", afirma líder patronal
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá, Rubén Castillo, afirmó este jueves a EFE que el sector solo "quiere trabajar", y que han pedido al Gobierno que utilice los recursos legales para que "se respeten los derechos, los bienes y la vida" en el marco de la crisis nacional derivada del rechazo a un contrato minero.
Desde hace más de dos semanas se registran bloqueos liderados por sindicalistas y grupos indígenas en la vía Panamericana, la principal de Panamá y que lo comunica con Centroamérica, en rechazo a la renovación de una gran mina de cobre, lo que ha generado escasez de alimentos y combustible, además de actos vandálicos y de violencia con saldo de cuatro muertos.
Las pérdidas económicas están calculadas entre 70 y 90 millones de dólares diarios.
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