Daniel González Delgadillo
El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó este martes por unanimidad durante una sesión especial una nueva ley de seguridad nacional, once días después de su presentación y cuya vigencia entrará el próximo sábado, que incluye penas por los delitos de traición, espionaje, injerencia externa, secretos de Estado y sedición, con lo que se amplían los poderes del gobierno de China contra los movimientos disidentes.
La nueva legislación, conocida localmente como Artículo 23, fue aprobado “a toda velocidad” por 88 de sus 90 miembros, a pedido del líder de la ciudad, John Lee, tras ser debatido desde el pasado día 8. El nuevo texto completa la primera ley sobre seguridad nacional aplicada en 2020, tras las manifestaciones prodemocracia del año anterior.
“Hemos estado a la altura de la confianza del país y no hemos defraudado al gobierno central”, comentó Lee tras la votación, y aseguró: “Hoy es un momento histórico para Hong Kong”. Resaltó que el paquete de nuevas leyes es necesario para erradicar los disturbios y luchar contra lo que describió como “espionaje occidental”.
El presidente del recinto parlamentario, Andrew Leung, señaló que creía que todos los legisladores se sentían satisfechos de haber participado en esta “misión histórica”. “Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el jefe del Ejecutivo: cuanto antes se complete la legislación, antes se salvaguardará la seguridad nacional”, agregó.
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La ley aplicaría penas para una amplia gama de acciones que las autoridades consideran “amenazas a la seguridad nacional”, y las más graves, incluidas la traición y la insurrección, se castigarán con cadena perpetua. Los delitos menores, incluido la posesión de publicaciones sediciosas, también podrían acarrear varios años de cárcel, mientras que algunas disposiciones permitirán procesos penales por actos cometidos en cualquier parte del mundo.
Las autoridades de China y Hong Kong han argumentado que las nuevas leyes son necesarias para “tapar lagunas jurídicas” para “restaurar la estabilidad” en la ciudad, bajo el argumento de que su legislación es similar a otras leyes de seguridad nacional en el mundo.
Su miniconstitución, la Ley Básica, exige que Hong Kong promulgue una ley de seguridad nacional propia. Un intento anterior en 2003 provocó protestas callejeras masivas que atrajeron a medio millón de personas, por lo que la legislación se archivó.
La Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña expresaron su preocupación por la nueva legislación y pidieron a los legisladores que tomaran más tiempo para examinar su impacto.
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