Los jueces que supervisan un juicio de derechos humanos de alto perfil en Argentina condenaron el martes a 11 ex funcionarios por crímenes de lesa humanidad, en el primer caso que se centra en la práctica pasada por alto de la ex dictadura militar de cometer violencia sexual contra mujeres transgénero. .
El juicio en el tribunal de La Plata, un suburbio al sur de la capital, duró casi cuatro años y añadió nuevos detalles y conocimientos a las atrocidades narradas anteriormente, profundizando la comprensión de la nación sobre su traumática historia. Los demandantes transgénero subieron al estrado de los testigos por primera vez en una serie de audiencias escalofriantes que pusieron de relieve tanto el sufrimiento de la comunidad transgénero como la táctica generalizada de violencia sexual bajo la dictadura de derecha que gobernó Argentina de 1976 a 1983.
Grupos de derechos humanos estiman que 30 mil personas sospechosas de oponerse al gobierno militar fueron secuestradas, torturadas sistemáticamente en centros clandestinos de detención y “desaparecidas” durante ese tiempo.
En el tan esperado veredicto, 10 acusados fueron condenados a cadena perpetua y uno a 25 años de prisión por su papel en un plan de represión violenta que incluyó asesinatos, torturas, violencia sexual y el secuestro de niños nacidos en cautiverio, entre otras presuntas Crímenes ocurridos en cuatro centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Los jueces absolvieron a un exfuncionario.
“Lo diferente de este juicio es que por primera vez en Argentina y en el mundo se condenan crímenes de lesa humanidad cometidos contra mujeres trans en el contexto del terrorismo de Estado”, dijo la fiscal Ana Oberlín a The Associated Press. "Fue un buen veredicto, estamos más que satisfechos".
La dictadura militar promovió los valores católicos tradicionales y consideró a los argentinos LGBTTTI como subversivos en la sociedad heterosexual. Incluso ser abiertamente gay podría llevar a la cárcel.
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El juicio del martes involucró a 600 víctimas y testimonios de cientos de testigos que sacaron a la luz relatos de abuso sexual dirigido específicamente a mujeres transgénero, así como casos de soldados que robaron bebés a sus madres detenidas antes de entregarlos en adopción a miembros de la dictadura y sus leales. Un ex médico de policía que supervisó los nacimientos de mujeres en cautiverio se encontraba entre los condenados a cadena perpetua.
Cientos de hombres y mujeres en Argentina han crecido con identidades falsas , ajenos a sus verdaderos orígenes como hijos de “desaparecidos”.
Ocho de las demandantes relataron haber sido violadas y torturadas en uno de los centros clandestinos de detención más grandes de Argentina, conocido como Banfield Pit.
Los gritos de “¡Genocida, genocida!” estalló en la sala llena de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Después de leer el veredicto, lloraron y se abrazaron. Muchos portaban retratos de sus seres queridos desaparecidos y carteles con el lema: “Somos 30 mil” y “Fue un genocidio”.
El veredicto se produce mientras el presidente de extrema derecha Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han cuestionado el reconocimiento legal de los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo que fue defendido por sus predecesores de izquierda. Organizaciones argentinas de derechos humanos han expresado especial preocupación por los vínculos familiares de Villarruel con el ejército y el activismo en favor de las víctimas de crímenes cometidos por guerrillas de izquierda a principios de los años 1970. Las víctimas de la dictadura ven esa defensa como una justificación implícita de la represión estatal que siguió.
Villarruel y Milei han puesto en duda públicamente la cifra de 30 mil desaparecidos, señalando que una comisión independiente sólo pudo identificar a 8 mil 960.
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La mayoría de los acusados en el juicio del martes ya han sido condenados en otros casos y trasladados a arresto domiciliario debido a su edad y al deterioro de su salud. Sintonizaron la audiencia por videollamada. El tribunal ordenó a los acusados bajo arresto domiciliario someterse a nuevos exámenes médicos para determinar si podían regresar a prisión.
Desde que el gobierno argentino derogó en 2004 las leyes de amnistía que protegían a ex soldados, los tribunales del país han dictado 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad y condenado a mil 176 personas. El esfuerzo histórico para responsabilizar a los líderes militares por abusos pasados continúa, y aún hay más de una docena de juicios en curso en el país.
Los activistas elogiaron el veredicto del martes como un paso adelante muy esperado para el movimiento por los derechos de las personas transgénero de Argentina, que ganó un impulso sin precedentes bajo el ex presidente socialmente liberal Alberto Fernández.
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