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La Jornada
13/03/2026 | Santiago del Chile
Aldo Anfossi
Un día después de asumir la presidencia de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast confirmó que indultará a militares y policías sentenciados por delitos de lesa humanidad, aunque dio a entender que se trataría de aquellos que los cometieron durante la represión del estallido social de 2019, al cual él se refiere despectivamente como “estallido delincuencial”.
Durante una entrevista con el canal Chilevisión, aseguró que “en algunos casos de esa violencia extrema, sí voy a utilizar la facultad de indulto para personas que defendieron la patria".
También en Canal 13, preguntado si otorgará el perdón, respondió que “estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado. Y, claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables. La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar".
En la mañana del viernes, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, ahondó en el asunto.
"El Presidente siempre ha tenido la inquietud, y siempre hemos considerado que hay personas que están condenadas por situaciones en que salieron a defender a la ciudadanía, a evitar males mayores, a proteger a la ciudadanía; por tanto, creo que de cumplir lo que en algún minuto se pensó, lo que se ofreció, a mí me parece muy pertinente", declaró en Radio Cooperativa.
"Había que sacar los militares a la calle, por supuesto, los carabineros, la Policía de Investigaciones; frente a ese tipo de situaciones, lo que debemos hacer, tengo absoluta convicción, (es) respaldar a nuestros carabineros, policías y Fuerzas Armadas, porque lo que vivimos, la ola de violencia que tuvimos, no queremos que se repita nunca más", añadió.
El 18 de octubre de 2019 estalló en diversas ciudades de Chile una masiva protesta ciudadana, con millones de personas movilizándose, que no fue convocada ni dirigida por organización alguna, en contra de las desigualdades, inequidades y abusos del régimen neoliberal imperante en Chile.
La revuelta popular se extendió por varios meses -solo cesó con la cuarentana forzosa por la pandemia del Covid19 iniciada en marzo de 2020- y fue reprimida inmisericordemente por el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, quien atribuyó la movilización a una suerte de conspiración extranjera, agregando que el país estaba en guerra, sin precisar contra quién.
Durante el estallido hubo casi 40 muertos, miles de personas heridas, centenares con lesiones oculares parciales o ceguera total por heridas causadas por perdigones disparados por carabineros, y miles de detenidos, decenas de ellos torturados en los cuarteles policiacos, todas situaciones documentadas.
Pese a haber más de 11 mil denuncias por violencia institucional, no más de 42 agentes del Estado cumplen condenas.
El ministro García Ruminot matizó además que las intenciones de Kast no alcanzan a militares y civiles, unos 350, condenados por crímenes de derechos humanos durante la dictadura (1973/90) de Augusto Pinochet; si bien en el pasado Kast también se manifestó partidario de liberarlos y ahora favorece una ley aprobada “en general” en el Senado la semana pasada, para conmutar penas de cárcel por detención domiciliaria
"Yo separaría las dos materias, porque el proyecto de conmutación de penas es un proyecto de iniciativa parlamentaria", dijo.
Son asuntos distintos, alegó, “porque poco a poco, la gente ha ido comprendiendo de que lo que tuvimos en el año 2019 conocido como estallido social, finalmente le hizo mucho daño al país, y que había que tomar medidas, medidas de fuerza", mientras que "una cosa distinta es la situación de los detenidos en Punta Peuco -el presidio donde están recluidos los asesinos y torturados de Pinochet- y en otras cárceles del país".
Edición: Ana Ordaz
