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La Jornada
19/05/2026 | Madrid, España
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que dirigió el país entre el 2004 y el 2011 y es uno de los referentes del socialismo europeo y la izquierda internacional, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
El juez instructor del caso, José Luis Calama, señala en su escrito que era el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) registró la oficina de Rodríguez Zapatero y varias sedes de empresas mercantiles asociadas a él, a sus hijas y un amigo personal y figura clave de la presunta trama, Julio Martínez.
El origen de la imputación es una investigación abierta primero en Francia y en Suiza y posteriormente asumida por la Fiscalía Anticorrupción española sobre el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, una empresa con capital venezolano, con escasa actividad comercial (tenía tan sólo un avión operativo) y que en su día recibió una ayuda pública de 53 millones de euros para evitar su quiebra, aprobada por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez como parte del plan de auxilio a las empresas aeronáuticas afectadas por la pandemia del Covid-19.
Aquella operación se autorizó en el Consejo de Ministros del nueve de marzo de 2021, a través de un fondo gestionado por la paraestatal Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI). En abril de 2022, pero el 8 de enero de 2023, la causa quedó archivada por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, si bien la Fiscalía Anticorrupción presentó otra denuncia con nuevos datos recabados por la policía en las indagaciones abiertas en Francia y en Suiza, lo que provocó la reactivación de la investigación.
Como parte de la fase final de la indagatoria, el juez Calama ordenó el registro de la oficina de Rodríguez Zapatero y su citación judicial como “investigado”, que será el próximo 2 de junio.
En el auto, de 85 páginas, el magistrado sostiene que “la investigación ha permitido constatar la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
Además, sostiene que “el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Y esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados”. Y que “el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.
Después del registro de su oficina, el ex presidente Rodríguez Zapatero emitió un mensaje desde su vivienda particular, a través de un video casero en el que afirmó que “jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”, a la vez que reiteró su “disposición a colaborar con la justicia” y que toda su actividad se ha realizado con “transparencia y legalidad” y que sus ingresos “están declarados”. Además, Zapatero explicó que “jamás he tenido una sociedad mercantil”.
Desde el derechista Partido Popular (PP) se exigió la dimisión de Pedro Sánchez, al asegurar que el “PSOE es una organización criminal en lo económico y en lo moral” y que “la corrupción es la razón fundacional de este gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún. Sólo le queda una salida digna”.
Desde la extrema derecha de Vox se mostraron dispuestos a presentar una moción de censura, ya que -según ellos- “la imputación de Zapatero no es un hecho aislado, sino una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción”.
El gobierno se expresó a través de la vocera del Ejecutivo, Elma Sáinz, quien defendió los rescates durante la pandemia porque “salvaron empresas y empleos y fueron préstamos autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal de Cuentas”.
Además, expresó su respeto por el ex mandatario, a quien -dijo- “le tengo tanto afecto como inquina le tiene la derecha”. Desde el PSOE se vinculó la investigación judicial a “una campaña de la derecha y la ultraderecha” y se sugirió un nuevo caso de lawfare, así como hicieron los socios parlamentarios de la izquierda, como Sumar, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Edición: Estefanía Cardeña
