Indonesia acusa a grupo musulmán de terrorista y lo prohíbe nacionalmente

Hugo Castillo y EFE

Por sus supuestos nexos con el terrorismo global, actividades de desorden público y falta de registro oficial, el gobierno de Indonesia confirmó hoy su decisión de ilegalizar en todo el archipiélago al Frente de Defensores del Islam (FPI, por Front Pembela Islam, su nombre en indonesio), una de las principales agrupaciones políticas en el país de mayoría musulmana.

Fundado en 1998 en Ciputat como un grupo de vigilancia radical, el FPI, autodenominado el “guardián moral” de Indonesia, saltó a la fama en los últimos años por sus protestas antigubernamentales, sus ataques a bares y antros y al reciente encarcelamiento de su líder, el clérigo agitador Rizieq Shihab, por violar los protocolos sanitarios anti COVID-19.

A través de un decreto, firmado por varios ministerios, departamentos de las fuerzas del Estado y el fiscal general y que entró en vigor hoy, fue anunciada la prohibición al grupo de realizar cualquier tipo de actividad o el uso de símbolos vinculados con el FPI en el espacio público del archipiélago.

El ministro de Asuntos Legales y de Seguridad, Mohamad Mahfud, informó  que las “actividades vigilantes, provocaciones y los nexos terroristas del grupo” fueron las principales causas de su prohibición, pues al menos 29 miembros del FPI han sido encarcelados por su participación en actos de extremismo, y en el 2015 varios de sus seguidores en la provincia de Célebes juraron públicamente lealtad al Estado Islámico (EI).

Durante el anuncio a los medios de la proscripción, los representantes del gobierno de Indonesia reprodujeron un video del 2017 en el que Rizieq Shihab expresa su apoyo público al EI durante un discurso. Las autoridades afirmaron que el video demostraba los nexos terroristas del FPI y la necesidad de declararlo ilegal nacionalmente.

Mahfud también señaló que el certificado de registro del grupo, que lo reconocía como una agrupación política, expiró el 20 de junio de 2019, sin que hasta la fecha se haya extendido dicha licencia, por lo que el FPI "ya no tiene base legal ni como organización de masas ni como ningún otro tipo de organización" en Indonesia.

Conflicto nacional por regreso de líder

Las disputas entre el FPI y el actual gobierno de Indonesia se habían reavivado desde el 10 de noviembre pasado, cuando el fundador y líder del grupo musulmán, Rizieq Shihab, regresó al país tras pasar más de tres años de exilio autoimpuesto en Arabia Saudita.

El clérigo opositor es un férreo defensor de la imposición de ley islámica en Indonesia y en diversas ocasiones ha rechazado públicamente a la Pancasila -la ideología nacional que promueve la unidad, la diversidad y la democracia- y al actual gobierno en Jakarta.

El líder del FPI huyó del archipiélago en abril del 2017 para evitar una investigación criminal, pues una de sus seguidoras lo acusó entonces de enviarle mensajes y fotos salaces desde su celular. Debido a la estricta legislación anti pornografía vigente en el país, habría tenido que pasar algún tiempo en la cárcel por la demanda.

Los cargos criminales en contra del clérigo fueron desechados en el 2019, por lo que en Noviembre de este año, Shihab anunció que regresaría a Indonesia para iniciar una “revolución moral”. Pese a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y el repunte nacional de contagios, miles de seguidores y miembros del FPI acudieron el mes pasado al aeropuerto de Yakarta para recibir a su líder.

A los pocos días de su arribo, Shihab fue acusado y posteriormente apresado por vulnerar los protocolos sanitarios nacionales. Las autoridades afirmaron que durante su llegada al país, y a los mítines políticos que encabezó posteriormente, acudieron miles de sus seguidores, los cuales no respetaron las medidas de distanciamiento social y provocaron un repunte de casos del nuevo coronavirus en Indonesia. Hasta el momento, el clérigo permanece en custodia de la policía nacional.

En un comunicado posterior al arresto, Amnistía Internacional en Indonesia denunció su preocupación por el aumento de las detenciones a los islamistas en el país, pues parece indicar una nueva política oficial enfocada en criminalizar “a todos aquellos que se oponen a la ideología nacional”. La agrupación también señaló que la decisión de ilegalizar al FPI amenaza con “discriminar y violar la libertad de expresión en el país y de erosionar, aún más, las libertades civiles de los indonesios”.

Edición: Laura Espejo