Ap, Notimex y Dpa
Foto: Elsa Medina
La Jornada
Washington
28 de mayo, 2015
El gobierno federal de Estados Unidos no someterá a revisión de la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez que suspendió la medida ejecutiva del presidente Barack Obama destinada a frenar la deportación de millones de migrantes indocumentados, se informó este miércoles.
La Corte de Apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos falló este martes a favor de los 26 estados que rechazan una medida ejecutiva sobre el sistema de inmigración del país.
El vocero Patrick Rodenbush dijo que el Departamento de Justicia optó por concentrarse en la apelación que escuchará el 6 de julio la Corte Federal del 50 circuito.
El plan del presidente Obama pretende proteger de la deportación a 5 millones de inmigrantes en situación irregular.
La decisión del gobierno federal se conoció horas después de que el Senado de Texas aprobó la noche del martes una iniciativa que asignará 310 millones de dólares para reforzar la seguridad de la frontera con México durante los próximos dos años, lo que fue declarado prioridad por el gobernador texano, Greg Abbot.
Con la aprobación del presupuesto para la seguridad de la frontera con México durante 2016 y 2017 concluye un desacuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre cómo distribuir el dinero destinado a este rubro.
En este contexto, 136 congresistas demócratas, entre ellos Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para pedir el cierre de los centros de detención familiar donde se encuentran madres y niños migrantes sin papeles provenientes de México y América Central.
Al exigir la liberación de los indocumentados, los congresistas aseveraron: los niños requieren protecciones especiales y no deberían estar recluidos en instalaciones similares a las cárceles.
El Departamento de Seguridad Nacional considera que la detención de mujeres y niños en dichos centros es necesaria para disuadir a otros inmigrantes de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos.
Esta medida no se aplicará íntegramente a los vehículos procedentes de Canadá y México
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