Ap y Dpa
Guatemala
17 de mayo, 2015
Miles de guatemaltecos marcharon este sábado por las calles de esta ciudad para pedir castigo y prisión contra los funcionarios involucrados en actos de corrupción, que ha permeado hasta las más altas esferas del gobierno.
La marcha fue convocada a través de redes sociales, sin ningún líder al frente, aunque participaron en ella varios sectores, desde empresarios, académicos y miembros de iglesias hasta representantes de derechos humanos y defensores de la diversidad sexual.
Con la leyenda #RenuncienYa y 16M, los manifestantes exigen el fin de la corrupción así como la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, al que acusan de estar involucrado en actos de esa naturaleza. Pérez Molina rechaza la afirmación y pugna por el combate a esa práctica indebida.
Los manifestantes se concentraron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, donde entonaron el Himno de Guatemala y levantaron cientos de carteles con mensajes contra la corrupción, los jueces, el Legislativo, los partidos políticos y el gobierno de Otto Pérez, quien preside el país desde enero de 2012 y cuyo mandato termina a principios de 2016.
El empresario Geovanni Vásquez, que participó en la protesta, dijo ser uno de los tantos guatemaltecos que se siente "indignado ante la gran corrupción que los gobernantes en Guatemala han hecho".
"Han abusado de la confianza del voto que uno les ha dado creyendo que ellos iban a ser confiables e iban a llevar al país a un mejor desarrollo", afirmó.
La paciencia de los guatemaltecos se desbordó cuando la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pusieron al descubierto una red de funcionarios y particulares que defraudaron al fisco millones de dólares.
El escándalo de corrupción puso en una grave crisis la institucionalidad del país que incluso forzó la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
La red, según las autoridades, era liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de Baldetti .
Las autoridades determinaron a través de 66 mil escuchas telefónicas que empresarios sobornaban a los funcionarios y éstos a su vez compartían el dinero con particulares con el propósito de evadir impuestos.
La fiscalía presentó escuchas telefónicas en donde miembros de la red hablaban de entregas de 325.000 dólares semanalmente en sobornos.
Las escuchas también detallaron que una de las personas que conocía de estos sobornos era alguien a quién identificaban como "la 2", "la R" o "la Señora". La fiscalía ha dicho que podría tratarse de Baldetti.
El indicio de una vinculación le costó a la ex vicepresidenta su puesto y una prohibición para salir del país mientras la investigan las autoridades.
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