Notimex
Foto: Xinhua
La Jornada Maya
Caracas
Martes 13 de diciembre, 2016
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy declarar la responsabilidad política del presidente venezolano Nicolás Maduro en la crisis del país, por la ruptura del orden constitucional.
La bancada opositora retomó este martes un debate que fue suspendido en octubre pasado, en una sesión en que los diputados del oficialismo se retiraron.
La mayoría aprobó el acuerdo, que solicitará a la Fiscalía General emprender una investigación para un eventual antejuicio de mérito contra Maduro, así como continuar una evaluación a fin de declarar su abandono del cargo presidencial.
El acuerdo señala a Maduro como responsable de la ruptura del orden constitucional, al utilizar su influencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para limitar las atribuciones de la Asamblea.
El diputado Pedro Carreño fue el único que habló por la bancada oficialista y dijo que la Asamblea no puede controlar al presidente, porque éste no es un funcionario público.
Alegó además que la cámara está en desacato al TSJ, por el incidente de tres legisladores indígenas que se incorporaron, afirmando que las declaraciones de la Asamblea son “inoficiosas” e inútiles.
Carreño invitó a sus colegas a retirarse de la plenaria y todos fueron a una plaza cercana para participar en un supuesto “juicio popular” a la Asamblea, que está bajo control opositor.
“La Asamblea acuerda declarar la responsabilidad política del presidente por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, las violaciones de los derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo”, señaló.
Asimismo, dijo que solicitará a la Fiscalía que examine los hechos expuestos en el debate y se pronuncie sobre la posibilidad de un antejuicio de mérito contra Maduro por sus acciones “encaminadas a la destrucción de la forma política que se ha dado la nación”.
También acordó continuar desarrollando con celeridad las consultas sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo por parte de Maduro, al no cumplir sus responsabilidades y haber propiciado con sus políticas el deterioro de la economía y el aumento de la pobreza a niveles “nunca vistos en el país”.
La declaración enumeró los proyectos de ley que aprobó durante el año y que fueron declarados nulos por el TSJ y presentó cifras sobre la “devastación” de la economía.
También acusó a Maduro de irrespetar el derecho al voto de los venezolanos al suspenderse por orden judicial el referéndum revocatorio del mandato.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, rechazó la tesis de Carreño de que la Asamblea no puede controlar la gestión de Maduro por no ser un funcionario público.
“El hecho es notorio y público no necesita ser probado. Que el presidente es un funcionario público no necesita ser comprobado, es un funcionario con hiperpresidencialismo, pues es jefe de Estado, jefe del Ejecutivo, del tesoro y comandante en jefe de la Fuerza Armada”, recalcó.
Señaló que la Constitución le da atribuciones a la Asamblea para declarar la responsabilidad política del presidente en este caso.
“La bancada oficialista quiere evadir su responsabilidad. No nos quede la menor duda que Maduro puede ser declarado responsable políticamente por esta cámara”, señaló.
A su vez, el primer vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, dijo que el foro legislativo hará “todo lo posible” para que el gobierno respete la declaración y se someta a ella.
“Es una decisión muy difícil (...) que ha tomado la Asamblea. Seguro el gobierno tratará de detenerla, pero será como sacar una palada de tierra a su tumba política. No es un paso definitivo, pero es un eslabón más dentro de una cadena de eventos que tienen que ocurrir en Venezuela para lograr una solución pacífica a la crisis”, dijo.
El segundo vicepresidente de la Asamblea, José Simón Calzadilla, presentó un conjunto de cifras que muestran el deterioro de la economía venezolana.
“La inflación, cuando comenzó Maduro en 2013, estaba en 40 por ciento, que es alta. Por filtraciones del Banco Central de Venezuela y el Fondo Monetario Internacional sabemos que este año puede estar entre 600 y 700 por ciento”, indicó.
Agregó que el gobierno “no respeta la Constitución, no respeta el dinero ajeno y no tiene propósito de rectificación”.
El debate sobre Maduro fue suspendido a finales de octubre, como una muestra de la oposición a favor del diálogo con el gobierno, el cual es facilitado por el Vaticano. Los retomó al acusar al gobierno de incumplir los acuerdos.
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