Gobierno suizo aún no cumple promesa

Texto: Afp
Foto: Tomada de www.swissinfo.com
La Jornada Maya

Ginebra, Suiza
Sábado 26 de noviembre, 2016

Al igual que otros países después del desastre de Fukushima en 2011, Suiza prometió abandonar la energía nuclear en los siguientes años. Sin embargo, un grupo que se opone al uso de este recurso dice que el calendario del gobierno suizo no es lo suficientemente rápido, y está presionando por un referendo esta semana que podría apresurar el plan de salida.

Los electores votarán el domingo por una iniciativa impulsada por ambientalistas y opositores a la energía nuclear que de ser aprobada cerrará en el año 2029 la última de las cinco plantas atómicas de Suiza que hoy generan 40 por ciento de la electricidad del país.

Los sondeos sugieren una contienda cerrada en un tema que podría poner a Suiza en un camino similar al de la vecina Alemania. Los alemanes han acelerado agresivamente la transición a las energías renovables como la solar para estar a tiempo de dejar de usar la nuclear para el 2022, un plazo establecido después del tsunami que devastó la planta nuclear de Fukushima, Japón, hace cinco años.

Como parte de un plan de energía que corre hasta el 2050, el gobierno suizo no planea reemplazar sus plantas nucleares existentes, las cuales pueden operar tanto tiempo como sean consideradas seguras. Las plantas se cerrarán progresivamente a medida de que concluya su vida útil, y el gobierno ha dicho que necesita tiempo para cambiar a otras fuentes como la eólica, solar o de biomasa.

Suiza acostumbra realiza referendos como parte de su particular forma de democracia directa, la cual permite a los electores en este país habitado por unas 8.2 millones de personas establecer políticas en temas importantes y algunas veces causando líos a las autoridades para cumplir con la voluntad del pueblo.

Las dos cámaras de la legislatura suiza y el Consejo Federal, que pertenece al ejecutivo, han dicho que la iniciativa para "una retirada ordenada del programa de energía nuclear" obligaría al país a importar más electricidad, incluyendo aquella generada con carbón. Además, los cierres anticipados podrían hacer que el gobierno —es decir, los contribuyentes— tenga que pagar compensaciones a los operadores de las plantas.