La región más violenta

Notimex
Foto: O Eco
La Jornada Maya

Reserva Biológica del Gurupí, Brasil
Miércoles 16 de noviembre, 2016

El vehículo 4x4 se adentra por la reserva del Gurupí -el último reducto del Amazonas original en el estado brasileño de Maranhao- y enseguida los guardas forestales se preparan ante un eventual enfrentamiento armado con madereros, que avanzan criminalmente hacia el corazón de esta área de 271 mil hectáreas donde viven pumas y osos hormigueros, pero de la que hoy solo queda 20 por ciento en su estado original.

Situada en el estado pobre de Maranhao, en el norte de Brasil, la Reserva Biológica del Gurupí es una de las más amenazadas del Amazonas brasileño, y también una de las regiones más violentas para defensores del medioambiente, periodistas, activistas y órganos federales que combaten la deforestación.

Decenas de caminos son abiertos en el bosque por violentas mafias madereras que, impulsadas por un gran lucro en el comercio de especies de madera de ley, extraen de la reserva árboles como la caoba o la copaiba.

Ejemplo de lo que sucede en otras áreas de enorme conflictividad y violencia del Amazonas brasileño, la reserva también está amenazada por campesinos sin tierra que se adueñan de áreas de bosque, las queman y plantan maíz o mandioca.

También existen haciendas de ganadería que, aliadas con los madereros, extraen las especies de alto valor económico y luego prenden fuego al bosque, para plantar posteriormente pasto para alimentar el ganado bovino.

“Estamos cerca del área de conflicto”, explica Iván, uno de los guardias forestales que comanda la misión y quien, además de pedir el anonimato por seguridad, no se separa durante las 48 horas de su arma ni siquiera durante las horas de descanso en una de las dos modestas bases que ha creado el Instituto Chico Mendes (ICMBio) para cuidar la reserva.

El ICMBio –institución del ministerio de Medio Ambiente de Brasil para proteger reservas- estima que apenas 20 por ciento de la reserva se mantiene intacta, mientras el resto ha sufrido la degradación por la extracción de madera o la devastación de las llamas, como consecuencia de un terrible fuego que consumió el año pasado cerca del 50 por ciento de la reserva con unos efectos todavía visibles.

Más de 100 mil hectáreas bosque fueron quemadas en una acción que estuvo provocada por los grupos criminales que operan en la reserva en represalia a varias operaciones policiales para destruir las estructuras de los madereros criminales (serrerías, camiones y tractores para abrir nuevos caminos en el bosque, motosierras...).

Las mafias madereras, asentadas en la ciudad de Buriticupú, situada al sur de la reserva y donde los órganos federales como la policía, la ICMbio o el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) apenas visitan por la gran conflictividad, siguen activas pese a las operaciones de las autoridades.

En julio las autoridades asestaron un gran golpe contra los grupos madereros por medio de la destrucción –incluso con explosiones de dinamita- de serrerías y camiones, así como la detención de decenas de personas, entre ellas varios líderes madereros de la región, en una operación conocida por el nombre de Hymenaea.

El IBAMA, uno de los órganos brasileños en la punta de lanza por salvar la floresta amazónica, estima que las mafias criminales habían extraído del Gurupí y de tres tierras indígenas (áreas protegidas vedadas a personas ajenas a la etnia) 120 mil metros cúbicos de madera por año, es decir, el equivalente a 30 mil árboles.

Con todo, el tráfico de madera sigue activo en Buriticupú, de unas 70 mil personas, azotada por otros problemas como el tráfico de drogas, la violencia y la prostitución.

Un policía militar de la región definió la ciudad como una urbe “sin ley” donde bancos son asaltados de forma recurrente y existen “pistoleros” que matan por encargo a activistas y campesinos que se oponen a la deforestación y defienden en su lugar un uso sostenible de los recursos naturales.

“Son economías basadas en la ilegalidad. Buriticupú depende mucho de la madera. Hay mucha gente que no tiene alternativa: o cometes el crimen ambiental de ir a cortar la madera para un empresario mayor o no comes”, resume Jair Smith, técnico ambiental del IBAMA y uno de los coordinadores de la Operación Hymanaea.

Los guardas forestales del ICMBio resumen su frustración por un trabajo altamente peligroso –el encuentro con madereros armados en el bosque puede desembocar en tiroteos-, mal pagado y para el que carecen de medios, en especial por tener que vigilar un área de la extensión equivalente a 271 mil estadios de futbol con un puñado de vehículos 4x4 y sin disponer de un solo helicóptero.

“Destruyes cinco tractores, pero tienes cinco más de nuevo. Lo mismo con el camión que transporta la madera. El prejuicio que les causamos destrozando el equipamiento es recuperado en apenas 20 días de extracción de madera. Cuando hacemos la operación esperan una semana y están de nuevo dentro sacando madera después”, se queja Iván, el guardia forestal.

“Es un negocio muy lucrativo, porque no pagas impuestos ni tienes costes de producción: entras, sacas y vendes”, explica Evane Lisboa, director de la reserva desde hace 12 años y hombre amenazado de muerte.

La situación es tan conflictiva que grupos indígenas de las reservas adyacentes al Gurupí –donde hay áreas intactas de valiosas especies de madera- han montado sus propios grupos de vigilancia para extraer, por la fuerza, a los madereros, que ofrecen ilícitamente vehículos y cajas de bebidas alcohólicas a los indios a cambio de acceder a sus territorios para cortar especies.

Esta compleja dinámica no es exclusiva de esta región amazónica: datos captados por los satélites brasileños que monitorean el Amazonas –un bioma único en el planeta por su extensión y riqueza biológica, además de su importancia en la lucha contra el cambio climático- indican que 762 mil kilómetros cuadrados de bosques originarios han sido talados o sustituidos por áreas de pasto para el ganado bovino en las últimas décadas.