Después del “no” colombiano

Dpa
Foto Afp
La Jornada Maya

Bogotá
Martes 4 de octubre, 2016

La decisión de volver a negociar el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, tras el rechazo del pacto en el plebiscito del domingo, está en las manos del grupo guerrillero, afirmó hoy la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.

"La decisión de si se abren o no los acuerdos es más una decisión de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", dijo Holguín, integrante del equipo negociador del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, durante una conferencia de prensa.

Holguín recordó que hoy dialogarán en La Habana dos enviados del Gobierno con los jefes de las FARC para determinar el camino a seguir tras el sorpresivo revés en el plebiscito.

Santos envió a La Habana al jefe de su equipo negociador, Humberto de la Calle, y al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, para conversar con la delegación de las FARC, encabezada por el comandante del grupo guerrillero, Rodrigo Londoño.

"Precisamente hoy los doctores De la Calle y Jaramillo están en una reunión con ellos (los guerrilleros). La decisión (de reabrir o no las negociaciones) no es del Gobierno", dijo Holguín.

El acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC negociaron durante casi cuatro años en la capital cubana fue rechazado en el plebiscito por el 50,21 por ciento de los votos, frente a un 49,78 por ciento que se pronunció por la refrendación.

Más allá del resultado, a los analistas les llamó la atención la alta abstención del 62,5 por ciento, lo que significa que más de la mitad de los colombianos no se interesó en decidir sobre el conflicto armado de cinco décadas.

Holguín dijo que el Gobierno estaba seguro de que el acuerdo sería refrendado y que por eso no tenía preparado un "plan b" en caso de un fracaso en la consulta popular.

"Pensamos que Colombia era un país que quería vivir en paz", dijo Holguín, tras admitir lo sorprendido que está el Gobierno.

Tras conocer el resultado del plebiscito, Santos dijo que su Gobierno convocará a todas las fuerzas políticas, principalmente a quienes promovieron el rechazo del pacto de paz, en busca de un acuerdo nacional que salve la negociación.

Santos comisionó entonces a De la Calle para que junto con la canciller Holguín y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, busque un acuerdo con el sector político que promovió el rechazo del acuerdo de paz.

Ese sector es encabezado por el partido de derecha radical Centro Democrático, que dirige el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, que comisionó para el diálogo con el Gobierno a Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque, perfilados como los precandidatos presidenciales de esa formación en la campaña de 2018.

Las FARC apoyaron la iniciativa del Gobierno y reiteraron que siguen respetando el acuerdo de paz, que fue firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias por Santos y el máximo líder del grupo guerrillero, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko".

Holguín dijo que la primera reunión entre los delegados del Gobierno y los del partido opositor de derecha radical se producirá cuando De la Calle retorne de su misión en Cuba.

Tanto el Gobierno como las FARC habían advertido que la negociación fue cerrada el 24 de agosto, cuando se divulgaron las 297 páginas del acuerdo de paz, y que no podría ser reabierta en caso de un fracaso en el plebiscito.

Sin embargo, el país está a la expectativa en torno a si el nuevo escenario político lleva a las partes a cambiar de parecer para estudiar las objeciones de quienes votaron por el "no" en el plebiscito.

"Ellos (las FARC) habían insistido desde un principio en que no se harían una reapertura del acuerdo, y esa es la conversación que De la Calle tendrá con las FARC. Vamos a ver qué tanto están dispuestos a eso porque hasta el momento no han dicho que lo reabren", afirmó Holguín.

Varios dirigentes políticos y analistas han señalado que en caso de que la negociación no sea reabierta, el acuerdo de paz podría ser implementado directamente por el Congreso o por una Asamblea Constituyente que sería conformada para analizar el caso y de paso reformar la Constitución.

La dificultad que tiene el Gobierno para implementar el acuerdo de paz es más política que jurídica, pues Santos no estaba obligado a convocar a un plebiscito para que el país se pronunciara.

De hecho, en los procesos de paz de las tres últimas décadas, en el marco de los cuales varios grupos armados han suscrito acuerdos de paz similares, ningún gobierno ha apelado a la refrendación popular.