Hay alteración del orden constitucional

David Brooks
Foto: Ap
La Jornada Maya

Nueva York
Viernes 24 de junio, 2016

En un acto condenado por Venezuela como violatorio de las normas internacionales y un "golpe de Estado" contra la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general Luis Almagro activó este jueves la primera fase para aplicar la Carta Democrática al presentar su informe sobre la república bolivariana ante una sesión especial del Consejo Permanente.

Pero, como ha sido el caso durante meses, al abordar la crisis venezolana, Almagro alimentó la creciente crisis política interna dentro del propio organismo que encabeza, incluyendo llamados de algunos países para que renuncie.

Sin embargo, no se adoptó ninguna acción contra el gobierno de Maduro ni contra Almagro al final de la sesión.

Este escenario diplomático, con su elegante retórica de defensa de la "democracia", la "libertad", "la paz", los "derechos humanos" y el resto de esa lista usual que no deja de asombrar en boca de tantos gobiernos del norte y sur de las Américas que poco pueden mostrar para comprobar su pleno compromiso con estos ideales, no logró enmascarar la disputa política que se ha intensificado dentro de esta mecanismo hemisférico.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, inició la sesión afirmando que la elaboración y presentación del informe violaban las normas de la organización, ya que no existe ni una alteración del orden constitucional de su país, ni un golpe de Estado, y por lo tanto no hay bases para invocar la Carta Democrática sin la solicitud del Estado miembro afectado. Acusó que proceder era "desconocer al gobierno legítimo y constitucional" de Venezuela.

Pero a Almagro se le permitió, por un voto dividido, presentar un resumen de su detallado informe sobre la crisis en Venezuela para argumentar que hay una alteración grave del orden constitucional en ese país, por lo cual se amerita invocar la Carta Democrática.

El secretario general subrayó que la OEA tiene que decidir si la Carta Democrática es un instrumento real "o sólo algo para los archivos", al argumentar que los graves problemas económicos, sociales y políticos "no los causaron fuerzas externas", sino un gobierno "plagado de corrupción y violencia". Insistió que el propósito "no es sancionar o castigar" a Venezuela, sino "apoyar a ese pueblo". Entre las recomendaciones que presentó está que el gobierno de Maduro permita que proceda el referendo revocatorio contra su mandato, que deje de obstaculizar las labores de la Asamblea Nacional, y libere a presos políticos, entre otras.

Pero el debate giró también sobre si hay una alteración grave del orden institucional de la misma OEA por las acciones de Almagro, y algunos representantes acusaron que este jueves fue dañada la organización por las acciones del secretario general y sus aliados, y condenaron este proceso por "injerencista".

La canciller Rodríguez declaró que el secretario general de la OEA ejecuta "un golpe de Estado contra esta organización" y ayuda a preparar lo mismo para Venezuela. A la vez, reiteró que Almagro ha abierto sus oficinas a representantes de la oposición venezolana, en efecto, "dándoles beligerancia", y que ahora pretende ser "juez y parte" en una OEA que desea convertir en un "tribunal de inquisición" para Venezuela. Es un intento "golpista" por parte de Almagro quien, dijo, es "un buen empleado de Estados Unidos, no de los estados miembros de esta organización; es un buen títere". Añadió: "lo que está en la orden del día es la intervención en Venezuela".

Bolivia pidió la renuncia de Almagro, mientras Nicaragua y Ecuador, entre otros, deploraron que se hubiera permitido la lectura del informe. Antigua afirmó que al hacerlo, "la OEA ha sido debilitada" y que "hoy no es un momento de orgullo para nuestra organización".

La mayoría de los estados optaron este jueves por un doble juego: apoyaron la presentación del informe de Almagro, y a la vez respaldaron una iniciativa diferente, la del proceso del diálogo nacional promovido por los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, junto con la Unión de Naciones Sudamericanas, a invitación del gobierno de Venezuela.

Estados Unidos respaldó a Almagro y su informe, al recorder que este organismo está dedicado a la defensa de la democracia, y argumentó que el informe es para que todos los miembros puedan evaluar si hay o no una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Reiteró el apoyo de Washington al referendo revocatorio y la liberación de presos políticos, y advirtió que "el diálogo es importante pero no debe de ser un pretexto para la demora" de cambios.

México también optó por el doble juego, al indicar que se tiene que evaluar "una alteración de orden constitucional en Venezuela" mientras recordó que ha impulsado medidas para apoyar el proceso de diálogo. El embajador Luis Alfonso de Alba justificó está postura afirmando que México está comprometido con los principios de la resolución pacífica de los conflictos, la "democracia genuina" y la garantía de los derechos humanos.