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La Jornada Maya

La Paz
Jueves 23 de junio, 2016

La policía dispersó el jueves con gases lacrimógenos a manifestantes que cortaban avenidas en el centro de La Paz en el marco de una huelga de dos días contra el gobierno de Evo Morales por el despido de 800 obreros de una fábrica textil estatal.

La huelga era acatada por maestros estatales y empleados de la salud. El transporte, el comercio, la banca y las labores escolares en colegios privados eran normales y casi no se sentía el paro, pero las calles del centro de La Paz estaban congestionadas por marchas, según informes de la policía.

La Central Obrera Boliviana inició las protestas la semana pasada con una multitudinaria marcha y en medio de fuertes presiones de los sindicatos para romper su alianza política con Morales. El cierre de una fábrica estatal de textiles en medio de un retroceso de la economía y denuncias de supuesta corrupción en el gobierno están agitando a los sindicatos.

"Este es un gobierno de los movimientos sociales y populares y el alineamiento de la COB (Central Obrera Boliviana) es decisión de un congreso de trabajadores que no puede cambiar por el capricho de dos tres personas", dijo el viceministro de coordinación con los sindicatos Alfredo Rada ante pedidos de una ruptura del pacto con el gobierno.

Ese pacto ha permitido a Morales, ex líder cocalero, gobernar sin contratiempos desde 2006 en medio del mayor auge económico del país por los altos precios de las materias primas. Pero la situación ha cambiado: los ingresos por exportaciones de materias primas cayeron un tercio los primeros cuatro meses del año en relación con el primer cuatrimestre de 2015, lo que obligó al gobierno a hacer un ajuste económico.

La Central Obrera Boliviana exige la reversión del despido de poco más de 800 obreros de la quebrada Empresa Nacional de Textiles. Los trabajadores temen mayores despidos, según el líder sindical Guido Mitma.

La fortaleza política del mandatario se ha visto afectada desde febrero cuando Morales sufrió su primera derrota electoral en un referendo por otra reelección. Las denuncias de supuesta corrupción derivaron en un hostigamiento de las autoridades a la prensa, denunció la víspera la Asociación Nacional de la Prensa.


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