Violencia política obstaculiza gestión de mujeres en Bolivia

Texto y foto: Ap
La Jornada Maya

Achocalla, Bolivia
Sábado 25 de agosto, 2018

Mary de la Cruz luce con orgullo su banda de concejala de un municipio vecino a La Paz. Aunque sus ojos brillan al recordar que fue elegida para el cargo, se llenan de lágrimas mientras asegura que un colega la golpeó por señalar fallas en su gestión.

Según dice, en mayo denunció al alcalde por pegarle en el ojo derecho. Ambos pertenecen a agrupaciones afines al presidente Evo Morales y Mary afirma que la agresión fue por fiscalizar a su compañero por presuntas irregularidades en la ejecución de obras. Él niega los hechos y alega que ella se cayó.

Esta mujer aymara de 38 años incursionó en la política en 2011 y como otras funcionarias tiene mucho de qué enorgullecerse: en las elecciones de 2015 las bolivianas lograron una representación municipal superior al 50 por ciento en el gobierno. Hace más de una década, en las elecciones municipales de 2004, apenas alcanzaron 5 por ciento. Ahora, de acuerdo a Naciones Unidas, Bolivia es el segundo país en tener mayor paridad legislativa a nivel mundial.

No obstante, el aumento de quejas de víctimas de violencia política en lo que va de 2018 indica que en Bolivia ocurre algo paradójico: aunque las mujeres han logrado mayor representatividad y el gobierno dice cobijarlas con una ley creada para su protección, el acoso se ha incrementado y a pesar de que las afectadas han alzado la voz sus denuncias no han sido procesadas por las autoridades.

No hay una cifra que unifique las quejas. Mientras el Observatorio del Órgano Electoral dice que hasta junio pasado hubo 60 denuncias _en 2017 solo fueron diez_, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) registró 90. Sin embargo, a la fiscalía solo llegaron 36. Según el Observatorio, la diferencia se debe a que las afectadas desisten en buscar a la justicia y solo acuden a una primera instancia para presentar sus casos.

Algunas afectadas consultadas por AP coinciden y las cifras parecieran darles la razón: aunque el Ministerio Público sí registra las denuncias presentadas, no precisa que éstas se hayan procesado. Al respecto, un funcionario del MP que no quiso identificarse por no estar autorizado a dar declaraciones dijo a la AP que para este tipo de denuncias no existen sentencias porque aún no hay una preparación del sistema y aseguró que están dentro del 70 por ciento de retardación de justicia que hay en el país.

Un caso que no pasó por alto se registró en 2012, cuando la concejala Juana Quispe _quien denunció corrupción_ fue asesinada por lo que su familia y activistas aseguran que fueron motivos políticos. Desde entonces, el caso se volvió un emblema de la lucha, aunque lo sucedido no se ha esclarecido.

La muerte de la concejala propició que se promulgara una ley específica contra el acoso y violencia política ese mismo año y ésta ha servido como marco para la creación de proyectos similares en países como Paraguay y Perú con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó a The Associated Press Carolina Taborga, representante en Bolivia de ONU mujeres.

La norma fue creada para frenar el acoso y violencia y establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos hacia las mujeres candidatas, electas y en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, busca garantizar el cumplimiento de sus derechos con sanciones administrativas y considera que su transgresión es un delito penal que castiga de dos a cinco años de cárcel.

En Bolivia ya existía una ley general para prevenir la violencia hacia la mujer, pero ésta no contemplaba un catálogo específico de derechos políticos ni existía una definición jurídica del acoso y de la violencia política en razón de género.

No obstante, por muy específica que sea, esta legislación no pareciera servir para frenar la problemática que aqueja a un creciente número de mujeres en el país.

“Es muy linda ley, pero no está funcionando... Yo y mis compañeras seguimos sufriendo acoso y violencia”, dijo Mary De la Cruz, quien además de concejala es madre de tres hijos y productora de papa, lechugas y otras verduras.

Carolina Taborga coincide: avances como la paridad, la legislación contra el acoso y violencia política y la participación femenina pueden tener “un retroceso” por no garantizar que se cumplan sus derechos políticos.

En 2010 Bolivia promulgó la Ley de Régimen Electoral, lo que obliga al Parlamento a dar 50 por ciento de los asientos a hombres y 50 por ciento a mujeres (hoy hay 80 legisladores y 79 legisladoras). De este modo, se supondría que la paridad a nivel legislativo estaría garantizada. No obstante, según la expresidenta de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de La Paz, Mónica Paye, esta conquista de paridad en las áreas rurales fue mal interpretada y las mujeres son blanco para hacerlas renunciar y que sus suplentes ocupen su lugar.

Paye, de 34 años, era concejala del partido de gobierno, pero hoy cumple arresto domiciliario porque fue acusada de perder dos computadoras. Sin embargo, ella alega que la privan de la libertad porque no la “quieren dejar trabajar” y dice que sus colegas sufren suspensiones, acusaciones de infidelidad, falta de pago de sus sueldos y violencia física.

¿Existen situaciones similares en otras partes de América Latina? En México las autoridades dan cuenta de 19 candidatas asesinadas y 118 agresiones denunciadas durante el último periodo electoral, entre septiembre de 2017 y julio de este año. En Brasil aún no cesa la consternación por el asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo del año pasado. Ninguna de las dos muertes ha sido esclarecida. Por último, en Perú hay cifras que indican que 80 por ciento de las mujeres sufren de violencia política con casos que aún no se tipifican como delito. Según el Jurado Nacional de Elecciones correspondientes, cuatro de cada diez candidatas son víctimas de acoso político y de ser elegidas dos de cada cinco lo sufren.

En el caso de Bolivia, la situación pareciera amplificarse debido al machismo.

“Los hombres creen que las mujeres asumen cargos políticos para quitarles su trabajo”, expresó Taborga. “Esto solo expresa la mentalidad machista y patriarcal que persiste en las organizaciones a las que representan”.

Mónica Novillo, presidenta la Coordinadora de la Mujer, que agrupa 21 organizaciones no gubernamentales, dijo a la AP que esta mentalidad afecta a los líderes políticos, incluyendo a los del partido gobernante. De hecho, el presidente Evo Morales ha recibido críticas dentro y fuera de Bolivia por hacer chistes machistas en público que involucran a mujeres de su gestión.

Información oficial pareciera respaldar lo anterior: el órgano electoral señaló en un informe que las mujeres del partido gobernante son las que más denuncias han hecho este año. Al intentar contactarlas, varias concejalas electas pidieron no ser tomadas en cuenta porque temían represalias.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, coincide con que la violencia en Bolivia está “naturalizada” y que el machismo está muy asentado, pero discrepa en que el partido gobernante se vea afectado esta situación. De acuerdo a sus consideraciones, el presidente ha luchado por los derechos femeninos y en su gobierno es donde más paridad se logró.

Sin embargo, Naciones Unidas y otros organismos coinciden en que para que los esfuerzos de Morales y su gobierno realmente sean palpables aún falta que se enjuicie a quienes ejerzan violencia y acoso y se condene a quien resulte culpable. Asimismo, según la experta en género Sonia Montaño, hace falta capacitar a instituciones locales para que reciban y procesen adecuadamente las denuncias de las mujeres que lo requieran.

Actualmente, según testimonios escuchados por AP, muchas mujeres de áreas rurales no se atreven a exponer a sus agresores por temor a sufrir mayores represalias.

El movimiento de la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres en América Latina se hizo visible en los últimos años. Tan solo en Argentina cobró visibilidad #NiUnaMenos y en Estados Unidos #Metoo.

En Bolivia la lucha por las mujeres aún no tiene un movimiento particular, pero su ímpetu por ejercer sus derechos desde sus trabajos y a nivel político es vital para evitar que se repita un caso como el de la concejala asesinada en 2012.

“En Bolivia aún nos hace falta solidaridad entre nosotras mismas y apoyarnos en que se cumplan nuestros derechos”, asegura Mary de la Cruz.