La Jornada Maya
Foto: Archivo La Jornada Maya

Ginebra, Suiza
Miércoles 27 de junio, 2018

El colectivo de Periodistas Desplazados en México entregó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un reporte de los periodistas que han tenido que irse a vivir a otros países por riesgo a su integridad así como los riesgos que enfrentan los reporteros en el país. En resultado, durante el foro “La voz de ellos”, el consejo de las Naciones Unidas admitió que en México el problema del desplazo no ha sido atendido, sobre todo en grupos vulnerables y se comprometió a emitir medidas para que México atienda la problemática.

Gildo Garza, representante del colectivo de Periodistas Desplazados, entregó el reporte de incidencias sobre los casos de Desplazo Interno de Periodistas y un balance general de las víctimas a nivel nacional del 2009 al 2017 en coordinación con otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, a la Relatora Especial de Derechos Humanos especializada en Desplazo Interno, Cecilia Jiménez-Damary durante el foro efectuado en Ginebra, Suiza.

En dicho foro, al que el periodista acudió representando a México, varias organizaciones civiles y países se le unieron reclamando que México genere políticas públicas para estos grupos vulnerables, “hoy somos el país más peligroso del mundo para practicar el periodismo”, señaló Gildo Garza, periodista que fue desplazado de Tamaulipas. Y añadió que en México si no te matan y logras sobrevivir, “te condenan a mudarte o exiliarse con tu familia, una decisión desesperada que al menos 70 compañeros periodistas han tenido que tomar hasta junio de 2018 para protegerse”.

En el reporte entregado a la Relatora Especial de Derechos Humanos, detalla que según organizaciones que han realizado estudios, en el país de 2009 al 2017 se han desplazado de manera forzada a más de 300 mil personas, entre ellas 70 periodistas amenazados, de los cuales muchos de ellos se van con sus familias, por lo que la cifra equivale a 370 personas, entre periodistas y sus familias, y más de una docena de ellos en el exilio, en otros países.

Comentó que en México el desplazamiento forzado enfrenta cuatro problemas principales: la falta de un diagnóstico serio de su existencia, el reconocimiento de este problema por parte del gobierno mexicano, la falta de un marco legal y la creación de políticas públicas integrales para su atención en el corto, mediano y largo plazo.

Además, señaló que no sólo los mismos periodistas y sus familiares son afectados, ya que las comunidades de donde ellos provienen se quedan sin información. “El desplazamiento forzado de periodistas tiene varios impactos; económica, laboral, social y especialmente en la libertad de expresión, las comunidades donde estos periodistas se han quedado se están quedando sin información: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua y otros estados de México son reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Zonas silenciadas”.

Por lo tanto, instó a la comunidad internacional que vela por los derechos humanos en el mundo a reconocer el problema, el impacto que tiene en la libertad de expresión y crear un marco legal específico que combata la situación.

El representante de los periodistas desplazados aseguró que es necesario que se promueva la atención integral a corto y largo plazo de los periodistas desplazados, como lo indica su reciente informe de los Relatores Especiales sobre la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH, y promueva la coordinación entre las instituciones para una mejor atención.

En el foro de este miércoles, representantes de Japón, Uganda y Nepal también externaron informes sobre esta situación que afecta a millones de personas a nivel mundial y entregaron propuestas para combatir el desplazo de personas; entre las cuales se encuentra la división de grupos sociales, como migrantes, indígenas, niños, mujeres y periodistas, para diferenciar y analizar las necesidades de cada sector y resolver la problemática dependiendo de los factores que engloben a cada grupo, en vez de hacer una recomendación o solución general que resulte ineficaz en grupos específicos, y obligar al Estado mexicano a reconocer de forma oficial esta problemática.

Cabe destacar que las organizaciones que atienden temas de defensa de la libertad de expresión en México no habían informado sobre el fenómeno de periodistas desplazados en México a la ONU.


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