Carlos Águila Arreola
Foto: EFE
La Jornada Maya

Ciudad de México
Miércoles 23 de octubre, 2019

México enfrenta quizá el momento más crítico de su historia en materia de inseguridad y violencia, y no se observan diagnósticos, procesos, mecanismos u objetivos verificables para hacer frente a la situación; todo parece una serie de ocurrencias que al final derivan en márgenes muy amplios de discrecionalidad.

Para María Elena Morera Mitre, presidente de Causa en Común –organización ciudadana multidisciplinaria que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva– no hay hasta hoy una política nacional sobre seguridad pública porque "se privilegió la cultura de la pasividad por medio del discurso de los abrazos".

Al término del séptimo [i]Foro Nacional Sumemos Causas[/i], en el que participaron funcionarios públicos, activistas, especialistas, académicos y periodistas, que analizaron temas relacionados con la actual coyuntura política y social del país, la conclusión fue que "lo que urge hoy al país es certidumbre, definiciones y reglas claras acordes con nuestras leyes".

Morera Mitre, manifestó su preocupación ante la falta de una estrategia clara de la llamada Cuarta Transformación (4T) para fortalecer el Sistema de Seguridad y Justicia, así como para atender a las víctimas.

[b]Caso Culiacán[/b]

"En la Estrategia Nacional de Seguridad no observamos diagnósticos, procesos, mecanismos u objetivos verificables para hacer frente al enorme problema de inseguridad", manifestó y el caso Culiacán coloca esa preocupación en el centro de cualquier discusión sobre seguridad, e incluso sobre el tipo de país que queremos.

"Sienta un precedente muy ominoso en cuanto a la responsabilidad del gobierno federal de salvaguardar la seguridad y el estado de derecho en el país. Después de Culiacán hay una proclividad a gobernar al margen de la ley. Parece que se prefiere gobernar a favor de la violencia y los criminales, y no para proteger a la población", dijo.

La activista aseguró que hoy más que nunca debe ser muy enfática la defensa de las libertades y los derechos porque actualmente no hay claridad sobre el rumbo que propone la 4T: por un lado, la militarización sin desarrollo policial; por otro, las instrucciones de no enfrentar a la criminalidad.

Además, la prisión automática, sumada a la liberación de jefes del crimen organizado... todo parece una serie de ocurrencias que al final derivan en márgenes muy amplios de discrecionalidad, cuando lo que le urge al país es certidumbre, definiciones y reglas claras, acordes con las leyes mexicanas.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró por su parte que México enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de inseguridad y violencia tras lo ocurrido en Michoacán, Guerrero o Sinaloa, que han evidenciado la gravedad de la problemática que encara el país.

Añadió que la ley no puede ser objeto de negociación, ni las autoridades deben condicionar su actuación, al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquél a quien se le intenta aplicar. Respetar y hacer que la ley se respete no puede confundirse con represión, advirtió el titular de la CNDH.

"No viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza usándola adecuadamente; por el contrario, los violenta quien aduciendo un mal entendido respeto de las garantías individuales, renuncia a cumplir sus obligaciones como autoridad, y tolera o permite delitos y abusos contra las personas a quienes debería proteger y procurar", remató.

Finalmente, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, señaló que hay preocupación por la militarización de la seguridad y consideró que las fuerzas civiles policiacas están entrenadas para enfrentar amenazas haciendo el menor daño.


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