Roberto Garduño y Enrique Méndez
Foto José Antonio López
La Jornada Maya

México
Jueves 7 de febrero, 2019

La Cámara de Diputados designó hoy a Jorge Torres Castillo, colaborador y amigo del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) como contralor interno.

Al inicio de la sesión, entre críticas por la cercanía de Torres Castillo con Muñoz Ledo -quien lo propuso para el cargo-, la cámara aprobó el nombramiento por 350 votos a favor y 85 en contra, y el nuevo funcionario tomó protesta de inmediato.

Torres Castillo fue secretario técnico de la desaparecida Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en la 57 Legislatura, cuando Muñoz Ledo fue presidente de la cámara.

En 2000, Torres Castillo era dirigente estatal del PRD en Durango y renunció a ese partido junto con Muñoz Ledo, cuando este no obtuvo la candidatura presidencial del sol azteca y fue postulado entonces por el desaparecido Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

Luego formó parte del equipo de Muñoz Ledo cuando el presidente Vicente Fox lo nombró encargado de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.

En los diez años recientes ha sido coordinador administrativo de la Contraloría del Instituto Nacional Electoral.

Ayer, Muñoz Ledo lo propuso como contralor, durante la reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Durante la discusión del acuerdo firmado por Muñoz Ledo, el panista Jorge Luis Preciado sostuvo que el nombramiento “rompe con el diseño institucional”, porque desde su perspectiva, ese cargo le corresponde a la primera minoría, es decir a Acción Nacional, como habían acordado desde hace años con el PRI.

“Sobre todo, se rompe con un modelo republicano, donde quien administra no puede auto revisarse, por eso independientemente de la persona, de la cual no tengo nada negativo que decir, no podemos avalar un avasallamiento en el cual quienes administran los recursos de la Cámara también se vayan a auto revisar”, indicó.

Pablo Gómez (Morena) argumentó que no se trataba de una designación de Morena, sino de un acuerdo avalado incluso por el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, que firmó el documento.

“No es verdad desde que el PRI dejó de tener mayoría dejó de tener la Contraloría, ¿eh? El PAN aceptó que el PRI siguiera teniendo al contralor y el PRI puso al organizador de aquel sorteo que era para lavar dinero de Pemexgate.

“Los que compraban los boletos eran del PRI y el que se sacaba el premio milenio millonario regresaba el dinero al PRI. Entonces, el PRI lo que hacía, la Secretaría de Finanzas era lo que ya saben: lavar dinero público. Y él era el contralor, el auditor de la Cámara”.

Pablo Gómez se refería al caso de Alfonso Grey Méndez, quien fue señalado por ex funcionarios del tricolor que, como testigos protegidos, afirmaron que, en 2000 durante la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, consiguió algunas de las personas que cobraron premios fantasma del “Primer Sorteo Milenio Millonario”, con el cual se simuló la recaudación de 125 millones de pesos.

En realidad, como documentó La Jornada, ese dinero provenía de los mil millones de pesos que Petróleos Mexicanos trasladó a la campaña del PRI, a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

No obstante, Marcos Aguilar Vega (PAN) resaltó que la Cámara de Diputados no puede reditar el error que se cometió desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se designó como titular de la desaparecida Contraloría General de la Federación al priísta Francisco Rojas Gutiérrez.

“Y hoy, más allá de la diatriba, de la denostación y de la descalificación, por supuesto que tenemos que poner atención en que si el presidente de la Mesa Directiva hoy postula un candidato que forma parte de una misma administración, lo que estamos haciendo es que sea juez y parte en el ejercicio de los recursos y, por lo tanto, bajo esa relación jerárquica que existe, está impedido para lograr ese propósito”, o de lo contrario se generará una inconsistencia en el desempeño de la función.

Incluso objetó que haber sido coordinador administrativo en el INE “no lo hace auditor. Habría que saber si esta persona tiene la calificación para practicar auditorías, controles y observaciones en el ámbito de la administración pública”.


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