José Antonio Román
Foto: María Luisa Severiano / Archivo
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 08 de junio, 2017

El respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente en los centros de reclusión del país, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, la Tercera Visitadora General del organismo, Ruth Villanueva Castillejas, señaló que México “está muy lejos” de contar con un buen sistema penitenciario, pues presenta graves deficiencias, profunda desarticulación y un notorio incumplimiento de lo que establece la Constitución y los estándares internacionales en la materia.

En el amplísimo documento de 656 cuartillas, la CNDH señala que los centros municipales obtuvieron una calificación promedio nacional de apenas 3.90; los Centros de Readaptación Social (Cereso), 6.27; los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), 7.21, mientras que los mejores calificados resultaron ser las prisiones militares, con 7.95.

El diagnóstico se realizó sobre una muestra de 131 centros penitenciarios estatales, 42 cárceles municipales, 19 centros federales y 3 prisiones militares, de un total de 392 centros, y así se abarcó una población de 211 mil 982 personas internas, que conforman el 87.73 por ciento de la población total recluida al inicio del año 2016.

De acuerdo con el diagnóstico, de los 131 penales estatales visitados, en la mitad de mitad de ellos (66) se advierten condiciones de autogobierno o cogobierno entre las autoridades y los internos.

En total son 35 las irregularidades con mayor incidencia en estos centros de reclusión a cargo de los gobiernos estatales. La mayor de estas deficiencias es la inexistencia de la separación que debe existir entre internos procesados y sentenciados en dormitorios y en áreas comunes, situación que se presenta en 102 de los 131 penales visitados por la CNDH.

Junto a esta, están las deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, tal es el caso de las áreas de: dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.

Respecto a los centros federales, el derecho a la protección de la salud es la mayor deficiencia por falta de personal médico, medicamento, escasa atención y cuidados a personas adultas mayores, así como carencias de programas preventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria.

En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

En el acto, la visitadora Ruth Villanueva reconoció que son “mínimos” los avances que se registran en los centros de reclusión para la atención de los internos y del respeto de sus derechos humanos, e incluso hay retrocesos que se reflejan en la calificación asignada.

Así, por ejemplo, el promedio de la calificación nacional de los centros estatales para este 2016 fue de 6.27 puntos, es decir, 14 décimas menos que la evaluación de 2011, cuando el promedio fue de 6.41.

La visitadora de la CNDH argumentó que esta situación de los penales, donde el respeto de los derechos humanos sigue siendo una tarea pendiente, es multifactorial, que va desde la falta de voluntad política, desconocimiento e indiferencia, entre otros. Hay una desarticulación de todo el sistema, dijo.

El diagnóstico se conforma de cinco apartados: los cuatro primeros refieren la información y evaluación de centros estatales, federales, militares y municipales, instituciones que en su conjunto conforman el Sistema Penitenciario Nacional, mostrando en cada sección calificaciones globales, específicas, cuadros comparativos y tendencias.

El quinto apartado integra los datos que fueron proporcionados por las autoridades para conformar la información estadística sobre incidencias (homicidios, riñas, motines y quejas) que se presentan al interior de los centros penitenciarios del país.

Entre los objetivos está el orientar las políticas públicas encaminadas a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos, por lo cual se estructura para reflejar las condiciones por la que transitan nuestras cárceles a través de un análisis cualitativo y un punto de vista cuantitativo, que identifique deficiencias y logros, los cuales sirvan de parámetros para establecer procesos de mejora en las instituciones de reclusión.


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