Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Jueves 20 de abril, 2017
La Cámara de Diputados avaló ayer por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, con el propósito de ampliar las garantías de la víctima y definir que ese delito es imprescriptible.
El pleno aprobó, con 417 votos, las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y debido a que esto obligó a cambios a la minuta del Senado, se devolvió a esa cámara para determinar si las acepta.
La sesión de ayer inició hasta las 13 horas, porque el Partido Verde no ha logrado reunir los votos suficientes para respaldar su iniciativa de prohibir los delfinarios y los partidos acordaron que, si este jueves hay consenso, el tema se aborde en el pleno.
Para explicar el dictamen en materia de tortura, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales (PRI), refirió que diversos estudios reflejan que los ciudadanos mexicanos justifican la utilización de tortura y la violencia. Pero este no es el país que queremos, dijo.
El legislador priísta refirió que, antes de presentar el dictamen, la comisión aceptó atender los señalamientos de organismos internacionales y cumplir con los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, específicamente en la obligación de homologar la tipificación de ese delito y las sanciones.
Informó que con la nueva ley quedará prohibida la validez de las pruebas obtenidas mediante tortura.
Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá estar exento de responsabilidad, porque se sanciona a los superiores jerárquicos, a los cómplices y a los colaboradores. La pena será mucho más grave cuando se cometa por servidores públicos o funcionarios del Estado; además, se hace imprescriptible el delito para garantizar la justicia a las víctimas y a sus familiares, explicó.
También se prevé que las penas aumenten hasta una mitad cuando las víctimas sean niños, adolescentes, mujeres, migrantes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad o que hayan sido sometidos a algún tipo de abuso sexual.
El diputado Víctor Sánchez Orozco (MC) criticó que la impunidad prevalezca en México en casos de tortura y, en ese sentido, no haber aceptado las recomendaciones del Alto Comisionado habría dejado a la ley en una mera simulación.
A partir de ahora, la tortura y los tipos penales serán perseguidos de oficio y serán imprescriptibles. Esto ayudará a que, con los cambios de gobierno, no se encubra a los autores del crimen y se lleve a los responsables a la justicia, con penas de 10 a 20 años de prisión para quien la cometa o la ordene, así como de tres a cinco años por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, indicó.
La vocera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Gaytán, planteó que la ley es indispensable para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables, porque en México “durante décadas ha sido común que funcionarios o individuos mandados por ellos, causen dolor y sufrimiento a las personas, con la intención retorcida de obtener ‘confesiones’ e información”.
Esa práctica se investigará de oficio y los involucrados separados de sus cargos, para que no obstaculicen la indagatoria. Hoy se supera la visión anacrónica de convivencia institucional con la tortura, afirmó.
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