Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Foto: Cuartoscuro / archivo
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 23 de marzo, 2017
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que el asesinato de la corresponsal de La Jornada Miroslava Breach no va a quedar impune.
“Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que este artero crimen no quede impune y paguen los responsables”, recalcó.
Entrevistado vía telefónica comentó que una de las principales líneas de investigación va a ser “el trabajo valiente, amplio, extenso y documentado que Miroslava Breach realizó sobre temas de delincuencia organizada en el estado”.
El gobernador comentó que hace dos años la periodista le confió “que estaba siendo amenazada, presionada y que le llegaban mensajes” en torno a un reportaje que realizó en la sierra de Chihuahua, particularmente en Chinitas. Agregó que en esa ocasión, en que él aún se desempeñaba como senador, le recomendó tomar muchas precauciones.
Últimamente, resaltó, Miroslava no le mencionó de alguna amenaza o mensaje intimidante. Resaltó que ademas de la admiración que siempre le tuvo como periodista mantenían una amistad desde hace años, en términos profesionales, y no le comentó nada sobre nuevas amenazas. “De hecho nuestro fiscal platicó hace unos meses con ella y tampoco le comentó que hubiera sido amenazada, pero se está investigado en este momento si hubiera recibido de nueva cuenta mensajes intimidantes”.
El gobernador de Chihuahua agregó que convocó a todos los integrantes de la fiscalía de la zona centro para que le informen de todo lo que se tenga sobre ese lamentable hecho y se formará un grupo multidisciplinario que estará encargado de la investigación, hasta la captura de los responsables.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada