José Antonio Román
Foto: María Luisa Severiano
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 9 de marzo, 2017

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad por la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal, en agravio de tres personas, dos hombres y una mujer, ésta última también por actos de tortura.

La recomendación 4/2017 también se emite por actos de cateo ilegal contra otras cuatro víctimas, entre ellas, dos menores de edad y un adulto mayor. Todos estos actos fueron cometidos en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Este caso de violaciones a los derechos humanos se hizo público el 16 de abril de 2016 cuando empezó en las redes sociales e Internet a circular un video de cuatro minutos, donde aparecen dos personas con uniforme militar y una más, con el de la Policía Federal, que interrogan y torturan a una mujer colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, en un intento de asfixia.

Dado la trascendencia del caso, la CNDH inició de oficio el expediente de queja CNDH/2/2016/2793/Q, pero la recomendación se emite casi un año después de que se hiciera público dicho video.

El organismo nacional señala que tras diversas diligencias, recabó las quejas de otras dos personas, que refirieron su detención en las mismas circunstancias que la mujer, por lo que se acumuló al primero por tratarse de hechos relacionados.

En la recomendación de 110 cuartillas, la CNDH señala que cuenta con indicios y evidencias para acreditar que el 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército mexicano ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a las tres personas mencionadas, sin contar con mandato judicial.

En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de 8 y 6 años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad.

Además, los detenidos fueron puestos a disposición del juez hasta 17 horas después de su detención. Primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. “En un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones, y fue interrogada por un hombre con uniforme militar, de alto rango”.

También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información, la amenazaron con dañar a su familia; la mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones, señala la recomendación de la CNDH.

Aunque el organismo nacional reconoce que ya iniciaron acción penal y procesos administrativos en contra de varios de los responsables, solicitó que se investigue si más servidores públicos, tanto de la Policía Federal como de la Sedena, tuvieron participación, ya sea por acción o por haber tolerado tales conductas.

De esta forma, acreditadas las violaciones a derechos humanos, la CNDH pidió a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas, colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que la CNDH presente ante la PGR y el órgano interno de control de dichas dependencias contra los servidores públicos involucrados.


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