José Antonio Román
Foto: Cuartoscuro / Alan Ortega
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 5 de marzo, 2017
En los centros de reclusión, detención y separos dependientes del gobierno del estado de Michoacán persisten múltiples e importantes factores de riesgo para la comisión de la práctica de la tortura, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En dos informes de seguimiento a fin de verificar las condiciones de estancia en dichos centros, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del organismo nacional encontró que de las 214 situaciones observadas de manera inicial, que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, 68 ya no presentan situaciones de riesgo, 42 presentan avances encaminados a su atención y 104 aún persisten en su totalidad.
Entre las deficiencias observadas los reportes citaron que no se asigna una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas; algunas celdas carecen de inodoro, lavabo e instalaciones hidráulicas; la ventilación e iluminación, así como las condiciones de higiene son deficientes; las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos; se carece de personal médico o es insuficiente; no hay separación entre procesados y sentenciados, y el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura.
Los lugares de detención donde se llevó a cabo la inspección fueron 20 que están bajo bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como 16 separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto ubicados en los municipios de Acuitzio, Apatzingán, Ario, Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Tzintzuntzan, Uruapan Y Zitácuaro.
En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
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