Eduardo Murillo
Foto: Facebook @CNDHmx
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 18 de marzo, 2020
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del pago por “Derechos por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública”, impuesto por las cámaras de seguridad pública que pretende cobrar el gobierno del estado de Yucatán.
Este gravamen fue promulgado desde el 31 de diciembre del año pasado, y el gobierno estatal pretendía cobrarlo a partir del 2020, sin embargo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se negó a la petición de aplicar el impuesto, como parte de sus recibos por el servicio que brinda.
El gobierno de Yucatán pretendía que esto derecho se cobrará sobre un 8 por ciento del consumo de electricidad en cada domicilio, con lo cual pensaba recaudar 238 mil 811 millones de pesos anuales.
Ante la negativa de la CFE para ser intermediaria en el cobro de este impuesto estatal, el gobierno yucateco suspendió por el momento su aplicación, pero el impuesto sigue vigente.
La CNDH impugnó la constitucionalidad de este impuesto pues advierte que las cámaras de vigilancia de los sistemas de seguridad pública “no constituye la prestación de un servicio público ni el uso o explotación de manera especial por particulares de bienes del dominio público, sino que son funciones propias del Estado y que, por lo tanto, no deberían generar ningún derecho, aunado a que el Poder Legislativo no fue cuidadoso en cuanto al establecimiento de los elementos esenciales de la referida contribución“.
En ocasiones anteriores la SCJN ha analizado la constitucionalidad de derechos similares por el cobro de el alumbrado público o la limpieza, pero es la primera vez que se avocará al estudio de impuestos por las cámaras y sistemas de seguridad pública.
Edición: Gina Fierro
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