Alonso Urrutia y Georgina Saldierna
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la devolución del expediente del aspirante a candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que en 48 horas revise los alcances de la sanción aplicable dado que se debe ponderar las circunstancias específicas y el derecho humano a ser votado. Aunque confirmaron que Morena y Salgado trasgredieron la legislación al omitir los informes de gastos y se acreditó la realización de actos de precampaña, debe haber una sanción proporcional y razonable.
Con matices, los magistrados avalaron el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez quien en su intervención aseveró que el INE detectó el incumplimiento en la entrega de informes de precampaña; corroboró mediante videos e imágenes que se realizaron actos de precampaña; señaló acertadamente que había gastos que se deberían reportar.
Sin embargo, al devolver el expediente, subrayó, se debe ponderar “una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho fundamental de ser votado”. Si bien reconoció que en todos los casos (Salgado Macedonio y los otros cinco aspirantes que participaron) hay evidentes manifestaciones expresas de llamar a favor del voto y, por ello, se confirma la sanción de 6.5 millones al partido se debe revisar la dimensión de la sanción porque “no es posible actuar de manera mecánica sino valorar los hechos en sus circunstancias y particularidades”
Explicó que si bien cabe la interpretación literal de la ley, tiene desventajas, por lo que consideró que los criterios establecidos en la resolución: valorar la gravedad de las irregularidades el momento en que fue presentado el informe – tres días antes de la aprobación de la sanción por el INE- y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora; la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan; las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción; si hubo una intencionalidad el monto económico o beneficio involucrado; y su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.
Con la excepción del magistrado presidente, José Luis Vargas, el resto coincidió en términos generales con el proyecto, confirmando que Morena actuó en contra de la transparencia y rendición de cuentas, “constituye una irregularidad que debe sancionarse porque se retarda la capacidad fiscalizadora del INE, porque no transparenta el ejercicio de los recursos. Ni el precandidato ni el partido entregaron informes de gastos haciendo imposible la fiscalización del INE, por lo que se constituye en una omisión que constituye una infracción grave”, señaló.
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