Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó -en lo general- el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. La iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avala la intervención del Estado en el sector cuando “cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional”.
Con el cambio en la legislación, la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Petróleos Mexicamos podrán suspender las concesiones e intervenir las instalaciones de las empresas que vendan combustibles robados, de contrabando o alteren las bombas para surtir menos cantidad de la cobrada a los consumidores; esto para “garantizar la continuidad en la operación de las actividades que ampara el permiso”
Según indica la minuta, "con la finalidad de garantizar el debido proceso, antes de la intervención o cancelación de los permisos, la Sener y la CRE deberán fundamentar y notificar la suspensión, así como abrir un periodo de desahogo de pruebas de un mes y, si al concluir éste el permisionario no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la revocación del permiso será firme. El expediente de suspensión de los permisos deberá ser integrado y tramitado, “a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros y el interés del Estado”.
Para endurecer el combate al robo y contrabando de hidrocarburos, se agregó un artículo séptimo transitorio, que faculta a la CRE y el Servicio de Administración Tributaria a verificar el cumplimiento de las medidas en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
También procederá la revocación de autorizaciones si los permisionarios no cuentan con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, por razones de seguridad nacional o seguridad energética.
Rechazo de PAN, PRI, PRD y MC a las modificaciones
El dictamen se aprobó con 292 votos en favor de Morena y sus aliados, 153 en contra de PAN, PRI, MC y PRD, y se registraron 11 abstenciones, la mayoría del PVEM.
En una amplia discusión, PRI y PAN afirmaron que con esta reforma se repetirá la “lluvia de amparos” interpuestos contra la Ley de la Industria Eléctrica. “Nacerá muerta”, expuso el blanquiazul.
Enrique Ochoa Reza (PRI) consideró que la reforma es inconstitucional y lamentó que no se haya tomado en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que recomendó a la Cámara no aprobar la iniciativa tal como se presentó porque pueden afectar a la competencia, lo que aumentará el precio de los combustibles para empresas y familias.
Ochoa alertó que la reforma no incrementará la producción de gasolina, petróleo y gas natural. Además, expuso, “no cumple con las disposiciones de la Constitución y es un acto de responsabilidad parlamentaria, hay que votarlo en contra. Se impondrá la sinrazón. Tendrán los votos, pero no tienen la razón”.
Morena rechazó que la intervención de las instalaciones implique una “expropiación”.
Las empresas, dijo, no tienen activos fijos, “son de papel” y argumentó que la reforma sólo dañará “a los tramposos, a los que dan litros que no son de a litro, a los que contrabandean hidrocarburos, a los que engañan al fisco, le toman el pelo al país entero. Ya no se trata de poner una multa sino de quitarles el permiso, para que les duela. Porque mientras sigan dando ‘litros de 900 mililitros’, ¡les importa madre! Pagan la multa, ganan mucho más”.
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