Promueven el rechazo al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Después de que la reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableciera la obligatoriedad de que todos los usuarios de una línea telefónica móvil proporcionen datos personales y biométricos para el registro del servicio, diversas organizaciones alertaron sobre el riesgo de vulneración a la privacidad que esto representa.

Los detractores destacan que se puede evitar proporcionar datos personales y biométricos que exige el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a través de una demanda de amparo que sería definida por un juez federal, quien tiene la facultad de exigir que la línea no sea cancelada.

Y aunque la existencia del padrón quedó determinada el pasado 16 de abril, el registro de nuevos usuarios con estos datos aplicará hasta dentro de aproximadamente medio año, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones defina los lineamientos de implementación.

Para los usuarios que ya tienen una línea telefónica activa, hay un plazo de dos años para proporcionar la información a la empresa proveedora del servicio.

Los datos solicitados son: número de la línea telefónica móvil, nombre completo, domicilio, número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y datos biométricos del usuario.

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Sin embargo, desde antes de comenzar su implementación, usuarios preocupados por su privacidad ya comenzaron a interponer demandas de amparo para evitar proporcionar esta información sensible sin que su servicio sea suspendido.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D), explica que hay dos formas de evitar el registro en el padrón: una es exigiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que promuevan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se establezca que hay un riesgo para el usuario.

La otra forma de evitar el registro es a través de una demanda de amparo.

“Hay tiempo para hacerlo, los usuarios nuevos tienen aproximadamente un año para ser obligados a brindar estos datos y los que ya cuentan con una línea tienen hasta dos años, no hay prisa. El ciudadano tiene que alegar que la reforma viola derechos humanos y dentro del juicio se tiene que pedir la suspensión para que el juez otorgue la protección al usuario de no brindar sus datos”, comenta Luis Fernando.

Para la Red en Defensa por los Derechos Digitales la implementación del padrón significa un riesgo porque en nada abona para la disminución de los delitos, que es uno de los principales argumentos para que las autoridades determinaran su creación.

“Es inútil e innecesario porque es absurdo pensar que la delincuencia organizada va a usar su nombre y sus datos biométricos para cometer delitos. La delincuencia contará con otras alternativas para darle la vuelta al padrón. Además, las autoridades cuentan con múltiples técnicas para investigar los delitos, principalmente a través de órdenes judiciales”, explica García.

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Sin embargo, el especialista en derechos digitales advierte sobre el riesgo para la privacidad por la vulneración de datos.

“Se agrava por el hecho de la inclusión de los datos biométricos, que incluyen la posibilidad de que se exija la huella digital, el iris, marcos faciales y otra información que puede identificar a una persona, pero la diferencia entre estos datos y los otros es que un número telefónico, una contraseña cuando se vulnera se pueden cambiar y mitigar los efectos adversos de la vulneración, pero con los biométricos no se puede, no puedes cambiar tu rostro, tu iris o lo demás y una vez comprometidos pueden causar afectaciones irreversibles a millones de personas”, alertó.

Por ello, en los próximos días R3D lanzará una plataforma que hará llegar un mensaje al Inai y a la CNDH para exhortar a las instituciones a promover el acto de inconstitucionalidad y también servirá para orientar a los ciudadanos sobre cómo interponer una demanda de amparo para protegerse y evitar proporcionar esta información.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles en la conferencia matutina que únicamente se solicitará la huella dactilar y será usada para resolver delitos.

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