Con la amenaza de la oposición de que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos, encaminada a acabar con la corrupción en la distribución, almacenamiento y comercialización de petrolíferos, con sanciones que incluyen suspender los permisos a aquellas empresas particulares que incurran en contrabando y robo de combustibles o expendan litros de gasolina incompletos.
La minuta aprobada fue aprobada en lo general con 65 votos a favor de Morena y sus aliados, 47 en contra y seis abstenciones, faculta a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos a gasolineros e importadores de hidrocarburos, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Posteriormente, y tras la discusión de los artículos reservados, 63 legisladores se pronunciaron a favor, 45 en contra y cuatro se abstuvieron.
Senadores del PAN, PRI, MC y PRD advirtieron que acudirán de nueva cuenta a la SCJN porque la reforma promueve el monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y es confiscatoria en detrimento de las empresas privadas que ya operan, lo que pone en riesgo la inversión externa en el sector. Una de las intervenciones más virulentas fue la de la priísta Claudia Ruíz Massieu, quién incluso acusó los senadores de Morena de “obediencia, ciega, incuestionada irreflexiva e inflexible", para aprobar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ustedes vienen a defender negocios, marcas, y nosotros principios”, respondió el senador de Morena, Martí Batres y les hizo notar que les daría vergüenza “ser una mayoría ciega y traicionera, como la que aprobó el Fobaproa o la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Igualmente, el coordinador de Morena, advirtió a los opositores que insistían la defensa de los empresarios privados y en acusar a Morena de violar la Constitución, que “nadie debe llamarse sorprendido”, porque tanto el Ejecutivo federal como su partido dejaron claro desde un principio que iban por modificar la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Les preguntó sobre la validez de la misma: ¿Es legítima una reforma cuya aprobación es producto del soborno, del cohecho y de la corrupción? Es decir, de la compra del voto de legisladores con dinero público-privado, del cual ya hay proceso ya hay personas sujetas a proceso, sin adelantar vísperas.
El senador Ricardo Monreal advirtió que “las relaciones de quien fueran director de Pemex en la administración anterior, y las indagaciones de la Fiscalía General, cada vez más apuntan a que esa reforma privatizadora en materia energética, trae un pecado original, un vicio de origen: la prevaricación cuya verificación judicial obligará, necesariamente, a revisar y a revertir el proceso legislativo que la validó”.
Advirtió que en otros parlamentos, las consecuencias para legisladores “vendidos comprados”, el resultado es la inhabilitación y la derogación de la ley votada.
El dictamente aprobado se remitirá al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Edición: Laura Espejo
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