Alonso Urrutia
El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos (MND) en México difundió el informe que remitió al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en el que advierte que 99 por ciento de los casos ocurrieron a partir de 2006 y sólo hay 35 sentencias por este delito, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente tiene mil 615 carpetas de investigación, lo cual se refleja en 98 por ciento de impunidad en los casos. En paralelo, censuraron la reforma regresiva a la ley orgánica de la FGR, pues le permite negar su colaboración.
Esta organización, que agrupa a más de 70 colectivos de familiares de desaparecidos, hizo un “atento llamado al gobierno mexicano a cooperar con el CED (que comenzó ayer su visita al país), sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del Estado que sean requeridas, facilitando toda la información que les sea solicitada de forma transparente. Más aún, llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el Comité emita”.
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En su posicionamiento, el MND sostiene que “la búsqueda con vida es urgente”, aunque reprocha que “aún no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda, los procesos de investigación y la participación de las familias en la planeación y ejecución de las búsquedas”. Denunciaron que en su empeño, “han sido asesinados 12 familiares de personas desaparecidas. Muchas otras han sufrido amenazas e intimidación”.
Para el MND las cifras oficiales de 94 mil desaparecidos “sólo constituyen un piso mínimo, ya que se basan en casos formalmente denunciados. Adicionalmente, el registro tiene sus propias deficiencias”. Según los datos del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), en México hay 70 mil 195 hombres y 23 mil 146 mujeres en esa situación; sin embargo, si bien este mecanismo ha sido importante, todavía es insuficiente.
En el diagnóstico, el MND descalifica las reformas a la ley orgánica de la FGR, pues “puede negar su cooperación con el Sistema Nacional de Búsqueda y con colectivos de familiares basándose en un nuevo marco jurídico restrictivo y regresivo”.
Si bien se creó el SNB, su principal desafío es obtener la colaboración de las fiscalías, “las cuales argumentan que su autonomía les impide aceptar las iniciativas que se proponen desde otras instituciones”.
Otras deficiencias que advierte el MND apuntan al aspecto presupuestal, pues existen restricciones económicas importantes para las comisiones de búsqueda: en 2019 la Comisión Nacional recibió 400 millones de pesos, de los cuales 152 millones fueron ejercidos por ella misma y 248 millones fueron otorgados en forma de subsidios a comisiones estatales de búsqueda.
En 2020, recibió un presupuesto total de 720 millones de pesos (263 millones propios y 457 millones para subsidios). Para 2021, la Comisión recibió 720 millones de pesos (138 millones propios y 582 millones para subsidios). En 2022, recibiría 747 millones de pesos (144 millones propios y 603 millones para subsidios).
La dependencia de la mayoría de las comisiones estatales a subsidios federales revela la escasa prioridad que le dan a este fenómeno los gobiernos de las entidades, deplora el MND.
Edición: Ana Ordaz
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