Víctor Ballinas
El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, publicó el estudio Panorama actual sobre el aborto en México, en el que destaca que anualmente se realizan en el país un millón 26 mil abortos, y que alrededor de 54 por ciento del total de embarazos no planeados se resuelve mediante un aborto inducido.
La investigación realizada por Irma Kánter Coronel, de la Colección Cuadernos de Investigación del IBD, subraya que la penalización no ha evitado su práctica y que ésta es más frecuente en las jóvenes, unidas y no unidas, menores a 25 años.
La investigadora del IBD destaca que el aborto se ubica en el quinto lugar de las causas de morbilidad materna extremadamente grave y sus complicaciones desencadenaron 7.5 por ciento (2 mil 408) del total de las muertes maternas (32 mil 284) registradas en México entre 1990 y 2016, de acuerdo con cifras del Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ssa), por complicaciones.
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Refiere que la regulación del aborto es restrictiva tanto en el ámbito federal como en el estatal; en 26 estados la interrupción del embarazo es considerada un delito (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).
En consecuencia, precisa, las mujeres y las personas gestantes que interrumpen su embarazo se enfrentan a penas privativas de la libertad, que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora, y en Morelos son cinco años. Además de multas, trabajo comunitario, tratamiento médico y/o psicológico.
Precisa que en seis entidades federativas la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México (1997), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Baja California (2021) y Coahuila (2021); este último estado, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La investigación publicada por el IBD detalla que en 24 estados se permite el aborto cuando la salud o la vida de la mujer corre peligro: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
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También, indica que en 10 estados se permite por malformaciones graves del producto: Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. En 20 estados no se penaliza por violación o accidental.
En otras 21 entidades, señala, se han llevado a cabo reformas constitucionales para tutelar la vida desde el momento de la concepción y/o fecundación y en 14 las reformas a su Constitución Política se llevaron a cabo entre 2008 y 2009, es decir, poco tiempo después de que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizara la interrupción del embarazo hasta la décimosegunda semana de gestación sin incurrir en el delito de aborto.
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