El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el acuerdo por el que continúa con el proceso de revocación de mandato, luego de que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenaran hacerlo, tras suspenderlo temporalmente bajo el argumento de insuficiencia presupuestaria.
En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que si bien se buscarán hacer los ajustes necesarios para obtener más recursos de manera interna para dicho ejercicio de participación directa, no se pondrá en riesgo “ni las atribuciones constitucionales que tiene este instituto ni sus obligaciones legales ni ninguna de sus obligaciones constitucionales y legales y estatutarias en materia laboral”.
Resaltó, además, que en dado caso lo resuelto por el TEPJF abre la puerta para acudir a la Secretaría de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal.
“La revocación de mandato continúa en sus términos, hay un diferendo judicial que no ha sido resuelto en su sustancia por la SCJN y mientras ello ocurre, el INE seguirá con los recursos que hoy dispone, tomando las medidas conducentes hoy y en las semanas por venir” para realizar este mecanismo de participación directa con los recursos que fueron proveídos y con los que se logren generar, dijo.
También, resaltó que las decisiones del INE “venturosamente, y de hecho se tomaron para eso, fueron llevadas a instancias jurisdiccionales para que pudiera aclararse un diferendo que se ha venido suscitando por la insuficiencia presupuestal respecto de lo solicitado por el INE en este llamado prespuesto precautorio para la realización de una eventual revocación de mandato y lo autorizado por la Cámara de Diputados”.
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En la discusión del acuerdo, tanto los consejeros Martín Faz como Carla Humphrey destacaron que es momento de encontrar “nuevos, distintos, novedosos y hasta extraordinarios procedimientos” que permitan continuar con el ejercicio de revocación de mandato en las condiciones presupuestales actuales.
Faz, quien se separó de alguno de los párrafos del acuerdo por enmarcarse “una visión parcial y no de la pluralidad de opiniones de quienes integramos el Consejo General”, mencionó que se requiere “ahondar con la suficiente profundidad y tiempo en el análisis de los diversos escenarios, que al interior de este colegiado algunos de sus integrantes hemos puesto sobre la mesa y que desde mi perspectiva no han sido hasta el momento lo suficientemente abordados”, como los estándares de calidad, que se han aprobado a partir del aprendizaje en los procesos electorales y los mandatos jurisdiccionales bajo condiciones presupuestarias óptimas, como ejemplo -dijo- la estrategia de capacitación o la determinación de utilizar papel seguridad en la impresión de documentación electoral.
Por su parte, Humphrey consideró que hay condiciones para avanzar con el proceso de revocación de mandato, al tiempo que indicó que el haberlo pospuesto de manera temporal, derivó en la suspensión de 49 procesos que a su vez suspendieron más de 190 actividades específicas, como la generación de documentación y material, gestión de sistemas informáticos en materia de organización, integración de órganos de recepción de votación, preparación y ejecución del cómputo.
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