Gustavo Castillo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República “hasta su conclusión, con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.
Lo anterior al conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al considerar que ello “favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano”, y que la “Constitución Política establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
La decisión de la Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, se dio a conocer casi 24 horas después de que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, presentó la controversia constitucional en contra de la decisión del pasado 16 de diciembre del Consejo General del INE de suspender la realización de la consulta de revocación de mandato.
Las ministras determinaron que la medida “suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna”.
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